El PP pide proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción

El PP quiere dar ejemplo en la lucha contra la corrupción municipal y propone un pacto político que, ente otras medidas, incluya la mejora de la protección de los funcionarios que delaten a los corruptos y den a conocer actividades fraudulentas. Para evitar abusos, se endurecerán las penas por denuncias falsas.

Ésta es una de las iniciativas que aprobó la Intermunicipal popular ayer en su reunión de Sevilla, entre las que también se incluyen reformas administrativas, políticas y penales que refuercen los controles y prevengan irregularidades de políticos y funcionarios. El secretario de Comunicación, Esteban González Pons, defendió la honradez de la mayoría de los concejales populares y acusó al Gobierno de pretender que existe una «corrupción generalizada», por las recientes informaciones del fiscal general del Estado. «La hay (corrupción) y hay que atajarla», admitió, «pero ni es tanta ni alcanza a todos», añadió.

El rosario de propuestas que Mariano Rajoy propondrá al resto de fuerzas políticas el próximo lunes busca «dignificar la vida política» porque, como dijo la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, «si uno se dedica a la política las relaciones personales hay que cuidarlas» y, en referencia al 'caso Gürtel', advirtió de que «si no quieres que hablen en tu nombre hay que ser muy discretos».

El documento del PP contempla diversas soluciones para mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción, como la obligación de reintegrar a los municipios los bienes incautados en los delitos de corrupción. Se propone también que los políticos acusados por estos delitos y en prisión provisional deban dejar sus cargos y se les aplique la incompatibilidad sobrevenida durante el tiempo que estén encarcelados, aunque no haya sentencia. El texto incluye además reformas legales como compromisos políticos entre los partidos.

El paquete de propuestas también vela por el Pacto Antitransfuguismo, que se ha convertido en papel mojado. Pons relacionó este fenómeno con la corrupción y aseguró que «sin tránsfugas la vida municipal sería mucho más sana».

El PP propone asimismo reforzar la objetividad de los contratos de ayuntamientos y diputaciones, con mayor control en los trámites y el incremento de la profesionalidad del personal que adopta decisiones, como, por ejemplo, con el nombramiento de funcionarios que presiden las comisiones de contratación. En todo caso, se plantea la necesidad de «evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento cuando los servicios municipales puedan desarrollarlos», lo que supone una rectificación del proceso de externalización de servicios.

El PP añade a las iniciativas de control otras de carácter ejemplarizante y de austeridad para los cargos, que estarán obligados a hacer públicas sus declaraciones de bienes, a mantener actualizado el registro de actividades y a rechazar los regalos excesivos. El documento prevé un más riguroso sistema de incompatibilidades, la separación nítida de las actividades públicas y de partido, así como la reducción de gastos de protocolo, la racionalización de vehículos oficiales, el uso de teléfonos, publicidad y viajes.