La Fiscalía interpone una querella criminal contra los padres del niño obeso por desobediencia y sustracción de menores

La Fiscalía de Orense ha interpuesto una querella criminal contra los padres del menor obeso por un delito de desobediencia y de sustracción de menores, según anunció el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Florentino Delgado. El niño se encuentra oculto por su familia desde que se decretó su ingreso en un centro de menores de barrio orensano de A Carballeira, al que se oponen sus padres, que ayer comunicaron que no entregarían al menor por el momento.

El fiscal jefe comenzó su intervención asegurando que la actuación del Ministerio Fiscal "parte desde la premisa de protección a ultranza del menor" que "es lo que interesa al Ministerio Fiscal más allá de las consideraciones mediáticas". Además, asegura que la interposición de esta querella criminal, tras una valoración "meditada y pausada" porque "tiene que ver con que todos están bajo el imperio de la ley" y la Fiscalía "no está dispuesta a que se desoiga la resolución de la Administración".

En este sentido, afirma que cuando los padres del niño se niegan a cumplir con la resolución de la Administración "tomándose la justicia por su mano" están "atacando al principio democrático de que nadie está por encima de las leyes". "Como nadie está por encima de las leyes el Ministerio Fiscal tiene la obligación de interponer una querella. No es un tema nuevo", asevera.

Hecho delictivo

Florentino Delgado manifiesta que el abogado de la familia todavía no tiene conocimiento de esta medida, ya que fue interpuesta esta mañana y con ella, quieren que los padres "sepan que hay indicios de que están cometiendo un hecho delictivo porque se han opuesto radicalmente a cumplir una resolución de la Administración". En este sentido, el fiscal jefe manifiesta que la resolución de la Administración tuvo "su refrendo y visión judicial" y, por lo tanto, no están dispuestos "a que se permita el lujo de no cumplir lo que dicen las resoluciones administrativas que están dictadas de acuerdo a la legalidad".

Florentino Delgado señala que dicha protección del niño de 9 años "ha venido desarrollándose tiempo atrás" ya que aseguró que en octubre del año 2008 "hubo resoluciones administrativas" en las que se puso de manifiesto que "podría haber algún problema con el joven Moisés" y la Xunta de Galicia "actuó con esa consideración de protección dando las pertinentes resoluciones para obtener la mejora del chico que tenía un problema".

Asimismo, el fiscal jefe de Orense ha explicado que dichas intervenciones fueron "sucesivas" y vienen a "suponer" que "se ha querido llamar la atención de los padres y de la familia" del niño "poniéndoles de relieve que el chico tenía un problema y que había que intentar atajarlo". En este sentido, la actuación de la Xunta de Galicia "respaldada por el Ministerio Fiscal" fue "primero dentro del ámbito familiar" porque, en palabras de Delgado, "no se quiso realizar ninguna actuación desproporcionada en atención a las circunstancias".

Inactividad de los padres

También Delgado señala que las actuaciones de la Administración autonómica se han ido incrementando conforme "se ha ido no haciendo caso a las resoluciones de la administración" por parte de los padres y de los familiares del niño "que no tuvieron una conducta activa" respecto a la situación del menor. Para el fiscal jefe la "inactividad de los padres" del niño motivó que la situación del menor fuese "agravándose" puesto que la Xunta de Galicia detectó que "no se iba a mejor" y fue "dando toques de atención a los padres para que colaboraran con la Administración".

De hecho, ha explicado que "parece" que los padres "lo entendieron con pasividad" ya que su "conducta activa empezó cuando ya no ha quedado más remedio que decirle a los padres que si ellos no pueden la Xunta les puede ayudar recogiendo al chico durante el tiempo que sea necesario para poder atender la problemática que tiene".

En su intervención, Florentino Delgado ha manifestado que hasta la fecha se ha "querido dar a entender" que "lo quiere la Xunta de Galicia con conocimiento del Ministerio Fiscal" era "la privación de la patria potestad", algo que, señaló "no es cierto". De este modo, comenta que el sentido último de las resoluciones Administrativas en este caso se centraban en "tener" la custodia del pequeño "el tiempo necesario" para poder "evaluar bien el problema y darle la solución" mientras que "se ha querido dar a entender que lo quiere la Administración es retirar a un hijo de sus padres".