El Congreso restringe los límites de la justicia universal

Era una muerte anunciada desde hacía varios meses y ayer se produjo su defunción definitiva. Ni el grito en el cielo de las asociaciones de derechos humanos ni la presión de los grupos de izquierda impidió que el Congreso, con los votos a favor de PSOE y PP, enterrase el principio de la jurisdicción universal que había convertido a la Audiencia Nacional en una suerte de tribunal global. La reforma entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El precepto legal, que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno, pasó a mejor vida con más pena que gloria. De soslayo y politizado por un conflicto con Israel después de que en enero se abriera una causa contra la cúpula militar de aquel país a raíz de un bombardeo en Gaza, la Cámara Baja aprobó la reforma que limita su aplicación a los casos en que existan víctimas españolas o que los responsables del delito residan en territorio nacional.

Se pone fin así a una competencia jurisdiccional avalada por el Tribunal Constitucional en 2005, cuando admitió el recurso presentado seis años antes por la activista guatemalteca Rigoberta Menchu.

La reforma excluye, además, los casos con vínculos españoles que estén siendo investigados en el país donde se cometió el delito o en un tribunal internacional. Asimismo, se dejan fuera los considerados «crímenes de guerra», lo que frena cualquier futura investigación de la Guerra Civil española. Junto a PSOE y PP votaron a favor CiU, CC, UPyD, UPN y Na-Bai.