Trapicheos desde la cárcel

En febrero entraron en prisión, pero no por ello tiraron la toalla. Los tres cabecillas de la trama encarcelados, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y su lugarteniente, Pablo Crespo, maniobraron desde su celda para intentar mantener parte de su fortuna en el extranjero fuera del control de la Justicia española y para tratar de influir en los jueces y fiscales que investigaban sus movimientos y operaciones.

Todos esos tejemanejes fueron descubiertos en las diferentes conversaciones intervenidas entre los reclusos y sus familiares y abogados. La figura clave de este intento de 'salvar los muebles' tras la caída de los 'capos' es la esposa de Crespo, Consuelo Margarita Vázquez, quien, según los informes policiales, "actúa como intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido".

Ella, a petición de su marido, es la que se puso en contacto "con el 'broker' norteamericano 'Randall Lew Caruso'" para tratar de opacar los fondos. Vázquez toma todo tipo de medidas para evitar que sus movimientos sean seguidos y llega a utilizar el móvil del novio de su hija para dar instrucciones al extranjero. Ella es también quien se informa sobre las pesquisas de la policía en el yate 'Parapipi' atracado en Altea, donde la red ocultaba documentos muy delicados sobre sus operaciones en la Comunidad Valenciana. Crespo, desde la cárcel, incluso ordena que se "ejecuten" los fondos que el grupo tiene en Suiza y que se haga todo lo posible por "desbloquear la situación de las compañías". Propone que se use una empresa llamada Cresva, que está a nombre de sus hijos y que no ha sido intervenida por la Audiencia Nacional.

Los otros dos personajes sobre los que descansa la misión de mantener viva la 'trama Gürtel ' a pesar de los encarcelamientos son los abogados Manuel Delgado y José Antonio López, quienes, según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, reciben órdenes de sus clientes y se dedican a coordinar las defensas del mayor número de imputados. Incluso, según desvelan los informes, los letrados y sus clientes acuerdan la estrategia "de intentar controlar las comisiones rogatorias" a diferentes países para intentar recuperar el dinero defraudado disperso por una veintena de paraísos fiscales "mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas".

Mundo judicial

La audacia de los cabecillas de la trama encarcelados y sus defensores va todavía más allá. Las escuchas en la prisión de Soto del Real revelan que su intención es intentar influir o presionar a los jueces y fiscales que se ocupan o se van a ocupar del caso. La Policía asegura que Correa, Crespo y los abogados "contactaron con abogados que poseen vinculaciones con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para intentar obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento".

Correa tampoco pierde el tiempo y contrata como abogado al ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, ponente de la sentencia del 'caso Banesto', entre otras conocidas causas. El ex juez ya avisa el 2 de marzo pasado al líder de la trama que "tiene una relación correcta y fluida con Garzón, y que conoce a las fiscales" del caso, aunque una de ellas, Conchita, "es dura en sus planteamientos". El ex magistrado llega a afirmar que "si la causa va al Tribunal Superior de Justicia hay un magistrado que les ayudará".

También aparece en liza el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, quien el 25 de febrero en una conversación con Crespo asegura a su interlocutor "que conoce a la fiscal Concepción Sabadell" ya que fue compañera suya, y que "cuando se levante el secreto va a intentar hablar con ella para que le diga un poco a ver qué planes tiene".

La conclusión de la Policía tras conocer estas escuchas no puede ser otra: los cerebros de la trama "han elegido a los abogados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales". "Han buscado personas con relaciones en la Audiencia Nacional", explica el informe, que también revela que el trabajo en este caso de esos letrados va a costar más de 200.000 euros por defendido.