Pocas nueces

L as modificaciones fiscales propuestas por el Gobierno dan la impresión de no estar a la altura de las expectativas generadas. Se anunció una revisión de «todos» los impuestos y se prometió que el esfuerzo recaudatorio recaería sobre los mullidos hombros de los ciudadanos más adinerados, pero creo que no ha sucedido nada de eso. La reforma se limita, básicamente y con algunos añadidos, a dos impuestos, además de la eliminación de la polémica deducción de los 400 euros. Lo de la progresividad es más discutible, pero, a primera vista, no parece que la nueva fiscalidad lo sea más que la anterior.

Empecemos por la deducción. Su eliminación es acertada, después de que haya quedado claro que fue una idea fallida. No logró los efectos positivos imaginados, una vez que el consumo acusa más el ataque del paro que el alivio de ese dinero. Pero si la ayuda individual pasó desapercibida, su costo total ha sido tan enorme que ha abierto una herida profunda en el déficit público. En cuanto a la subida del IVA, es una acción de doble efecto. Por una parte, castiga el consumo justo cuando se encuentra más débil, aunque su anuncio anticipado puede provocar algún adelanto puntual de las compras; y empuja a la inflación, a pesar de que no sea hoy una de nuestras principales preocupaciones. Además es poco progresista, pues el peso del consumo en la renta de cada persona es inversamente proporcional a la cuantía de esta última. Y por otro lado, es una de las figuras impositivas que cuenta con una mayor capacidad recaudatoria y en la que tenemos mayor margen de subida en comparación europea. Por eso no está mal que se incremente, pero la medida debería venir acompañada de una rebaja de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas dado que eso mejoraría claramente su competitividad exterior.

Por el contrario, la subida de las rentas de capital tiene menos ventajas. Castiga el ahorro cuando queremos que las familias reduzcan su endeudamiento, y su capacidad recaudatoria es limitada. Un impacto limitado que afecta también a la reducción del Impuesto sobre Sociedades, condicionada al tamaño de la empresa y a sus obligaciones de empleo. En resumen, se trata de un planteamiento excesivamente defensivo, casi timorato, muy parcial y que de ninguna manera va a promover un entramado económico más eficiente y competitivo que cree los puestos de trabajo que anhelamos.