Precintan el chiringuito La Gata en Zahara por tolerar el consumo de drogas en su interior

La Guardia Civil del puesto de Torre Plata en Barbate ejecutó ayer al mediodía el cierre cautelar del chiringuito La Gata en la playa de la Bahía de la Plata de Zahara. La orden fue dictada por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, después de que el dueño hubiese acumulado hasta tres denuncias por tolerar el consumo de drogas en el interior del establecimiento.

La última de estas denuncias tuvo lugar el pasado 19 de junio, cuando una patrulla de la Guardia Civil fue requerida por varios clientes que «indignados» –según la denuncia– estaban presenciando cómo otro cliente consumía cocaína en el interior del chiringuito, delante incluso de menores de edad. Previamente, el 21 y el 29 de agosto del pasado año ya se habían incoado denuncias similares por consumo de hachís.

El precinto se produjo en torno a las 12.30 horas de ayer, cuando el chiringuito, situado a poco más de trescientos metros del puesto de la Benemérita, estaba prácticamente vacío de clientes. Sin embargo, la presencia de casi una decena de agentes despertó la curiosidad de muchos bañistas que se acercaron para ver qué ocurría en La Gata.

El bar de los famosos

El chiringuito es uno de los más conocidos y populares de la pedanía barbateña, tanto porque en él se celebran conciertos de música en directo, como por ser uno de los más frecuentados por personajes famosos que veranean en el litoral gaditano. No en vano, el dueño del chiringuito, Eloy Sánchez-Gijón, es hermano de la actriz y ex presidenta de la Academia de Cine, Aitana Sánchez-Gijón, así como familiar del actor y cantante Pablo Carbonell. También famosa era la actriz a la que los agentes de la Guardia Civil sorprendieron con un porro el pasado 19 de junio, cuando acudieron al chiringuito.

El propietario del establecimiento alega, sin embargo, que la actriz fue pillada in fraganti «fuera del local, en la arena, mientras escuchaba un concierto» y por tanto «no tenía por qué recriminarle nada, porque lo que hagan los turistas en sus toallas es su problema», afirmaba Eloy Sánchez-Gijón abiertamente indignado por el cierre.

«Es un abuso de poder intolerable en un estado democrático y la medida es desproporcionada, porque se ha basado en un informe de un sargento que lleva acosándome desde hace años», denunciaba el propietario, que pretende no sólo tomar acciones judiciales contra el precinto cautelar, sino también acciones «de otro tipo». «Vamos a llamar a la colaboración vecinal, incluso estoy sopesando ponerme en huelga de hambre», explicaba mientras sus empleados retiraban los productos perecederos y objetos de valor del interior del establecimiento. «Han dejado en la calle a más de 12 empleados, en algunos casos padres de familia», se quejaba Curro, uno de los cocineros.

Un cierre recurrible

El cierre cautelar se prolongará durante al menos un mes. Aunque lo habitual en estos casos es que el hostelero afectado acuda a la vía contencioso administrativa para que un juez suspenda el precinto, mientras se resuelve el procedimiento. De esta manera, el empresario puede salvar la temporada alta de consumo. Si el dueño no recurre el precinto, la medida se vuelve firme y el cierre se prolonga durante cuatro meses, además de imponerse a la empresa una multa de 5.500 euros; esto supondría perder los cuantiosos beneficios que se obtienen en el periodo estival en esta zona.

El último precedente de bar de playa clausurado por detectarse un consumo consentido de drogas, tuvo lugar el pasado año, también en Zahara. Se trataba del chiringuito El Arenal, cuyo dueño fue expedientado hasta tres veces a lo largo del verano de 2008. Finalmente, a comienzos de septiembre, la Subdelegación del Gobierno ordenó el precinto cautelar. Pero el empresario recurrió la medida, que se suspendió. El cierre definitivo se produjo finalmente en febrero de este año.

El abogado de La Gata explicaba ayer a LAVOZ que antes de acudir a los jueces, agotarán la vía administrativa. Así, el lunes se personarán en la Subdelegación para consultar el expediente y pedir el alza de la medida, ya que ayer la Guardia Civil sólo dio notificación de la denuncia. «Al hacerlo un viernes a última hora, han perdido todo el fin de semana», explicaba el representante legal, que anunció igualmente que, si el juez les da la razón, pedirán daños y perjuicios.