Quién es quién en el caso 'Gürtel'

Es el supuesto cabecilla de la trama y se le considera al frente de un conglomerado de empresas que organizaba actos para el PP. Está en prisión preventiva desde febrero. Garzón le acusaba de dirigir "un grupo organizado de personas empresas" que llevaba diez años repartiendo "dádivas y sobornos a funcionarios y actividades públicas" para captar negocios. El juez que se ha hecho cargo del caso en el TSJ de Madrid ha confirmado su prisión. Su primo, Antoine Sánchez, también está encarcelado.

Ex secretario de organización del PP gallego hasta 1999 y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña, antes había sido director general de Caixa Galicia. Regentaba varias empresas de la tramas que fueron contratadas por ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP, como el de Boadilla del Monte y Majadahonda.

Amigo de Francisco Camps, como quedó demostrado con la publicación de sus conversaciones grabadas con el presidente de la Generalitat Valenciana. Conocido como 'el Bigotes', es el responsable de la empresa Orange Market y también está imputado por cohecho.

Es la esposa de Francisco Correa y ex jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, también imputado. Ha asegurado ante el juez Baltasar Garzón que no tiene trato con su marido porque está en proceso de separación desde hace cuatro años y que desde 2001 está desvinculada de sus empresas.

El juez Garzón le imputó por los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Se la relaciona con tres de las empresas del entramado liderado por Correa: Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better y Easy Concept.

Es amigo íntimo del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, con quien compartió carrera y fundó al menos dos empresas: Natko, dedicada a actividades de Paintball, y Columela Gestión, asesoría de compraventa y cosntrucción de fincas rústicas. Está en libertad tras ser imputado por el juez Garzón.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha sobreseído la causa abierta contra el presidente de la Generalitat. Camps estaba imputado por cohecho y, en la primera instrucción, Garzón le acusaba de adquirir trajes por valor de 12.783 euros pagados por la empresa de su amigo 'El Bigotes', Orange Market, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha sobreseído la causa abierta contra la mano derecha de Camps, es secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo popular en Les Corts Valenciane. Garzón, antes de inhibirse en favor del TSJCV, le acusó de adquirir trajes por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market a cambio de diferentes adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009.

Hasta el pasado 9 de febrero, cuando su nombre apareció vinculado al 'caso Gürtel', ocupó el cargo de consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ha sido uno de los hombres más cercanos a Esperanza Aguirre. Garzón lo acusó de cobrar hasta 563.000 euros a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta madrileña a las empresas de Correa, especialmente a las firmas Servimadrid Integral y Easy Concept. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso una fianza de 750.000 euros en calidad de imputado.

Diputado regional y ex portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, es el segundo aforado imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le ha impuesto una fianza de 955.000 euros. Según recogen las conversación grabadas a Felisa Jordán, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa.

Diputado de la Asamblea de Madrid, ha sido el primer imputado del PP. A raíz de eso, fue destituido de la gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El juez del TSJM le ha impuesto también una fianza de 955.000 euros.

Alcalde de Arganda del Rey hasta que se vio obligado a dimitir el pasado 6 de marzo, Garzón le acusa de percibir 523.439 euros en concepto de comisiones por adjudicar contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, S.L., durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración.

Alcalde de Pozuelo de Alarcón desde 2003 hasta el pasado 6 de marzo y ex marido de la vicesecretaria general de Organización del Partido Popular Ana Mato, está imputado por haber cobrado de la trama un total de 422.992 euros.

Presionado por su partido, que le dio por dimisionado cuando él sostenía que no había dimitido, dejó su cargo como alcalde de Boadilla del Monte después de saberse que era frecuentemente citado en las grabaciones de Francisco Correa.

Ex alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005 -fechas en las que su jefa de gabinete fue Carmen Rodríguez, esposa de Correa-, Garzón le imputa al considerar que aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Fue gerente del Mercado Puerta de Toledo hasta que saltó a la luz el escándalo, cuando él mismo presentó su dimisión.

Padre del eurodiputado del PP también salpicado por la trama, podría haber recibido 612.506 euros durante su etapa de concejal en el municipio madrileño de Boadilla del Monte entre 2002 y 2004. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha impuesto una fianza de un millón de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su actuación en la trama.

El tesorero del PP dimitió "por lealtad" al partido y a su líder, Mariano Rajoy, y de común acuerdo con él, por su implicación en la trama. El juez Garzón le atribuye los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y contra la Administración Pública al facilitar las actividades delictivas de la trama gracias a su cargo. El magistrado cifra en 1.353.000 euros la cantidad posiblemente percibida. La inocencia proclamada por Bárcenas quedaba en entredicho al destapar algunos medios su elevado patrimonio inmobiliario, que no concuerda con los ingresos que genera por su puesto.

Eurodiputado del PP -excluido en la última lista a las elecciones del 7 de junio-, el juez Garzón le atribuye delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, contra la Administración Pública y cohecho, aunque la Fiscalía dice no haber indicios en su contra. Podría haber percibido "directa o indirectamente" 652.310 euros.

Ha asegurado a los medios de comunicación tras estallar el caso que Francisco Camps "jamás ha pagado un euro en la tienda" y que el presidente valenciano le ha llamado en reiteradas ocasiones "muy nervioso para saber si había facturas a su nombre". Despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba como dependiente, no como sastre, supuestamente por emitir facturas falsas, sostiene que hizo a Camps "unos ocho trajes". Los pagaba en metálico el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo.