El Gobierno aprueba una nueva línea del ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que permite aliviar los problemas de liquidez de empresas y autónomos al facilitar los pagos de sus deudas pendientes con entidades locales. Según la reseña del Consejo, el objetivo de ambas medidas es complementario y persigue subsanar lo antes posible, y de forma ágil, los problemas de liquidez de las empresas y los trabajadores autónomos que arrastran impagos de los ayuntamientos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que la aprobación demuestra que el compromiso del Gobierno con los ayuntamientos, las empresas y los autónomos es "más sólido que nunca" en estos momentos de "dificultad". El Ejecutivo ya adelantó ayer que ambas medidas pueden suponer una financiación de unos 14.000 millones de euros.

El endeudamiento de los ayuntamientos permitirá financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos. Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia. Desde la concertación de la operación, las entidades locales dispondrán de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores.

Plan de saneamiento

El plazo para concertar la operación de endeudamiento es de tres meses a partir de la entrada en vigor del real decreto ley, lo que permite establecer un periodo máximo de cuatro meses para la ejecución de esta medida. Los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento por idéntico período al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.

Esta operación de endeudamiento puede ascender a unos 11.000 millones de euros, a partir del cálculo de las entidades locales que ya han remitido la liquidación del 2008 y de una proyección del posible remanente negativo de tesorería del conjunto de entidades locales. Por otra parte, el real decreto ley también permite la puesta en funcionamiento de una nueva Línea del ICO para avalar por un importe máximo de tres mil millones de euros a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos. Se establece que la garantía final ante posibles impagos por parte de las entidades locales sea su participación en los ingresos del Estado.

La nueva Línea ICO establece un tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual. Además, con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos tengan acceso real a los créditos, se ha establecido un límite de trescientos mil euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales. También se ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para el año 2009, con el objetivo de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.