Aguirre asegura que Caja Madrid es «solvente» y la desvincula de Caja Castilla La Mancha

En medio de la pugna política por el control de Caja Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la entidad es "absolutamente solvente" y que "su situación nada que tiene que ver con la de Caja Castilla La Mancha", intervenida por el Banco de España para garantizar los ahorros de los usuarios y los derechos de los acreedores, para lo que el Gobierno ha decidido conceder un aval de hasta 9.000 millones.

En una entrevista televisiva, la presidenta madrileña ha afirmado que en torno a Caja Madrid "no hay ninguna batalla, sino una ley que todo el mundo tiene que cumplir". Así, según ha señalado Aguirre, ha habido gentes que opinan que la ley no les gusta y que no la quieren aplicar". "El Gobierno cree que no es constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá que decidir", ha remachado.

Las afirmaciones de la presidenta madrileña coinciden con la presentación, por parte del Gobierno, de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que, de ser admitida a trámite, supondrá la suspensión temporal de la norma. Aguirre ha considerado que el recurso es "matar moscas a cañonazos" porque ha optado por "el mismo arma que utilizó contra el Plan Ibarretxe" y se ha mostrado convencida de que "esta ley no hubiera sido recurrida si la hubiera aprobado el Parlamento catalán en lugar de la Asamblea de Madrid".

La norma de la discordia

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado esta mañana el recurso en el Tribunal Constitucional, para pedir la suspensión cautelar de la reforma de la Ley de Cajas aprobada el pasado mes de diciembre y que la Comunidad de Madrid quiere aplicar en el actual proceso electoral de la entidad madrileña.

Según fuentes jurídicas, aunque la propia impugnación por parte del Estado de una ley autonómica implica la suspensión cautelar de la misma durante cinco meses, el Ejecutivo esperará a que el Tribunal Constitucional decida si admite a trámite el recurso. Si así lo hiciera, quedaría por aclarar cómo podría continuar el proceso electoral de Caja Madrid, que debería culminar en septiembre con la renovación de todos los órganos de gobierno de la entidad, incluida la presidencia, que actualmente ocupa Miguel Blesa.

La norma entró en vigor el 1 de enero de este año y dividió a los órganos de gobierno de Caja Madrid entre partidarios de su aplicación en estas elecciones y una mayoría contraria a ello. Dicha norma establece que la representación de los distintos grupos está en función de la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.

Según el recurso que interpondrá el Gobierno, la Ley de Cajas aprobada por la Comunidad de Madrid contempla la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad y otra para los del resto de las comunidades en los que Caja Madrid tenga oficinas abiertas-. Es la existencia de estas dos circunscripciones electorales la que puede, según el Gobierno, alterar la proporción que exige la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).