Un ministro poco 'popular'

Mariano Fernández Bermejo se ha convertido en el primer ministro de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero que se ha visto obligado a dimitir por una importante controversia política y ante la presión de la oposición, a la que, en cierta medida, se ha sumado la de los propios socialistas.

Se marcha tras casi dos años de polémico mandato: llegó al cargo en febrero de 2007. Hasta entonces ocupaba el puesto de fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Nacido en la localidad abulense de Arenas de San Pedro el 10 de febrero de 1948, Fernández Bermejo cuenta con una amplia carrera profesional en el mundo del Derecho. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en marzo de 1974 ingresó en la Carrera Fiscal.

Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció entre abril de 1974 y diciembre de 1976. Ocupó diversos puestos en las Fiscalías de Cáceres y Segovia y también en la administración, donde fue asesor ejecutivo del ministro de Justicia entre 1986 y 1989. Tras este paréntesis, el 16 de junio de 1989 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo y destinado a la Sección de lo Contencioso-Administrativo, donde permaneció hasta marzo de 1990, en que pasó a la Sección de lo Penal. El 10 de julio de 1992 fue nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

El 29 de abril de 1997 presentó su candidatura para ocupar la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, vacante desde que en enero de ese año el entonces fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, destituyera a José Aranda por su falta de autoridad frente a los llamados fiscales "indomables". Concurrió a esta plaza junto con Francisco Javier Cebrián y Eduardo Fugairiño, que fue quien la obtuvo finalmente.

Frentes contra el PP

Desde su puesto de fiscal jefe de Madrid, impulsó, entre otras, las investigaciones sobre el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio y sobre la muerte del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, apuñalado en diciembre de 1998 en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, en Madrid.

Bermejo llevó también a cabo diversas actuaciones relacionadas con temas medioambientales, entre ellas una investigación sobre la planta incineradora de Valdemingómez, a raíz de la cual mantuvo una polémica con el Ayuntamiento de Madrid y la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en el primer gobierno de Aznar.

El 28 de marzo de 2003 la Fiscalía General del Estado abrió diligencias informativas a Fernández Bermejo por afirmar que la ley de juicios rápidos fracasaría por no existir medios para aplicarla y "no haberse elaborado un proyecto económico". Por este asunto mantuvo una fuerte polémica con el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, al que llegó incluso a presentar una demanda civil en el Supremo por supuestamente atentar contra su honor.

El 15 de junio de 2004 fue elegido nuevo fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Recibió cuatro votos a favor, entre ellos el del fiscal general Cándido Conde-Pumpido. El 7 de febrero de 2007 el presidente del Gobierno le ofreció ser el nuevo ministro de Justicia, en sustitución de Juan Fernando López Aguilar, oferta que aceptó. Su antecesor le definió como "un jurista profesional de reconocida competencia" y "apto para esa responsabilidad", frente a las críticas del PP, que le tachó de "ultraizquierdista".

Los primeros meses de su mandato estuvieron marcados por la presentación de una demanda de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), y por la huelga de funcionarios de Juzgados de las comunidades autónomas sin transferencias en materia de justicia, que paralizó su trabajo durante más de dos meses.

Fernández Bermejo, que encabezó la lista del PSOE por Murcia en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, fue nombrado de nuevo como ministro de Justicia el 14 de abril de 2008. En paralelo a su carrera fiscal, ha ejercido también la actividad académica. Fue profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura durante los cursos 76-77 y 79-80, y profesor de Derecho de la UNED en Mérida, en el curso 80-81.