El número de mujeres que denuncian malos tratos va en aumento, y también el de las condenas a sus parejas

Las denuncias presentadas por las mujeres que sufren maltrato por parte de sus maridos o ex parejas siguen aumentando -en lo que va de año son 71.022-, y también las condenas, que en los tres años de aplicación de la Ley Integral han sido unas 80.000, según el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género.

Tambien se ha constatado un incremento paulatino de mujeres extranjeras que solicitan órdenes de protección, que ha pasado de un 30% en el tercer trimestre de 2005, al 36,9% en el segundo trimestre de 2008. La irregularidad es, por otro lado, un factor de desaliento para muchas de estas féminas.

La presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, ha presentado hoy el balance judicial de la aplicación de la ley integral que, a su entender, ha permitido una respuesta judicial "más eficaz y rápida" y una mejor coordinación institucional, pero recalca la necesidad de perfeccionar los mecanismos de protección de las víctimas y de asegurar la efectividad de las órdenes de alejamiento, además de reforzar los juzgados exclusivos de este tipo de violencia.

Los juzgados exclusivos celebraron en un año casi 60.000 juicios y el 79% de los casos acabaron en condenas; los juzgados de lo penal, que ven otros casos además de estas agresiones, dictaron 55.446 sentencias, el 56% condenatorias; y las audiencias provinciales 581 sentencias, y el 85% establecieron la condena del acusado. Para la presidenta del observatorio estos datos ponen de manifiesto que la "actividad de recogida de pruebas de cargo ha sido importante", y que la especialización ha permitido dar una "mayor eficacia a la respuesta judicial". Además se dictaron en este periodo 112.081 órdenes de protección, de las que se acordaron 83.968, a las que hay que sumar las 21.885 pedidas en juzgados de guardia.

Dentro del plazo legal

Todas estas medidas se adoptaron, según el estudio, en el plazo de las 72 horas previstas por la ley, lo que traduce como muestra de la mejora de la respuesta judicial. Respecto a la coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha recordado una encuesta realizada a los titulares de los juzgados de violencia de género, en la que el 80% de los jueces opinaron que era buena.

El observatorio estima necesario implantar servicios de guardia en los juzgados de violencia de las grandes poblaciones, como Madrid, Sevilla y Barcelona, y avanzar en la formación especializada de los jueces y personal que atiende estos casos. Además, ha insistido en la recomendación de este organismo de reformar la norma para aclarar que se refiere a los testigos y no a las víctimas cuando la ley exime declarar en contra de un familiar, así como el alejamiento forzoso en casos de agresiones aisladas y cuando la víctima así lo pida.