Zapatero reitera su «profunda disconformidad» con la sanción impuesta al juez Tirado por el 'caso Mari Luz'

La multa de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés ha levantado ampollas. El PP y el PSOE han coincidido en criticar la sanción y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que hablará con el padre de la pequeña para informarle de las acciones del Ejecutivo tras mostrarse disconforme con la sentencia.

En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, Zapatero ha mostrado su rechazo y ha recordado que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ya ha anunciado que recurrirá la decisión. "Desde el punto de vista del Ejecutivo, pondremos los medios en el respeto de lo que es nuestro sistema legal y Estado de Derecho", ha argumentado Zapatero, quien ha señalado que "una inmensa mayoría" de ciudadanos "no entienden" la decisión del órgano de gobierno de los jueces.

El pasado 26 de mayo el jefe del Ejecutivo ya recibió en el Palacio de la Moncloa al padre de Mari Luz, con quien se comprometió a revisar el Código Penal para controlar a los pederastas tras su salida de prisión. En aquel momento el CGPJ todavía investigaba el papel desempeñado por el juez Tirado, al que finalmente ha considerado responsable de una "falta grave" por retraso injustificado en la tramitación de la causa.

A través de su abogado, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla ha anunciado a su vez que recurrirá la decisión de la Comisión Disciplinaria porque "no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable". La defensa del magistrado sevillano, Alfonso Martínez Escribano, ha explicado que el juez ha recibido, vía fax, un anticipo de esta resolución "que piensa recurrir".

Además, ha apuntado que Tirado "ha guardado un silencio absoluto por respeto a la familia y para que los que tenían que resolver lo hicieran con tranquilidad", aunque "piensa hacer un comunicado público en los próximos días para dar a conocer sus alegaciones". A partir de ahora se abre un plazo no superior a un mes en el que previsiblemente el Ministerio Público también recurrirá la decisión. Será el nuevo CGPJ surgido tras la renovación el que tenga que determinar la decisión final.

Los argumentos del instructor

El juez instructor del expediente disciplinario, Wenceslao Olea, designado por el CGPJ, indicaba en su informe que la falta cometida por el magistrado no puede considerarse como muy grave porque lo único que puede reprochársele al juez es que "no prestara mayor atención" a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado.

El instructor explicaba que el juzgado que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión, por un delito continuado de abusos sexuales, y un año, por falsedad en documento oficial, impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.

Este informe supone un "grave error" para Esteban González Pons, que ha reconocido estar "tiritando del dolor" y "humillado" con la resolución del caso, ya que "no ha sido una decisión de la justicia sino una decisión administrativa". "El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces. Es como si ante un error médico hubiéramos recurrido al Colegio de Médicos", ha matizado el vicesecretario de Comunicación y portavoz del PP .

La posición de la Fiscalía

El Ministerio Público discrepaba del instructor al considerar que el juez incurrió en una falta "muy grave". Analizados los hechos, el fiscal constata que, "tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión".

Además, el Ministerio Público entiende que "en estas circunstancias -incomparecencia del penado, no suspensión de condena-, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes". Y recuerda que "la función jurisdiccional comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado".

Esta decisión ha sido apoyada por el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, que ha expresado la solidaridad de su partido con la familia de Mari Luz. Dicho esto, ha pedido a los ciudadanos que confíen en la "independencia e imparcialidad" del sistema judicial "al margen de excepciones". "Los casos concretos hay que tratarlos como casos concretos y de las reflexiones generales deben deducirse no de un solo caso sino del comportamiento general del sistema judicial", ha señalado.