Seis concejales de Arcos, citados por el caso del presunto enchufismo a familiares

Seis concejales del Ayuntamiento de Arcos son citados por el juez de instrucción por el caso del presunto enchufismo a familiares

La querella, presentada por un edil del PSOE, destaca que se contrataron a 25 personas entre filiados y miembros de las listas electorales

Seis ediles más del Ayuntamiento de Arcos, de Partido Popular (PP) y Alternativa Independiente Progresista (AiPro), tuvieron que pasar ayer por los juzgados a declarar como imputados por el caso del presunto caso de enchufismo de 25 familiares y miembros de las listas electorales como trabajadores municipales. No se trata de nuevas imputaciones sino que el juez de instrucción dividió en dos los turnos para tomar testimonio a quienes apuntaba la querella, presentada en septiembre y ratificada en diciembre, por el concejal del PSOE Joaquín Macías.

Si el pasado 23 de diciembre los que pasaron por el Juzgado de Instrucción número dos de Arcos fueron el alcalde, José Luis Núñez (PP), y su primer teniente de alcalde, delegado de Urbanismo y socio de Gobierno, Manuel Erdozain (AiPro), un mes después ha llegado el turno de presentarse ante el magistrado de los concejales del PP de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera; Barriadas Rurales, Juana María Morales; y Cultura y Deportes, Domingo Jesús González; y los de AiPro Manuel Romero, de Turismo; Petra Macías, de Barriadas Urbanas; y Francisco Muñoz, Medio Ambiente. La denuncia también apuntaba al edil de Vías y Obras, Sebastián Ruiz (PP), que ha sido el único en no pasar ante el magistrado al hacer uso de su derecho de aforamiento que le otorga el ser senador. Fuentes cercanas al caso destacan que los ediles se han acogido a su derecho a no declarar, como en su día hicieron el alcalde y su socio de Gobierno.

En la providencia que se ha enviado para citar a los ediles, el juez además solicita una copia completa de los expedientes de contratación de las 25 personas que apuntó en su querella el concejal socialista que habrían entrado a trabajar de manera presuntamente irregular. En dicha denuncia se aseguraba que las contrataciones se venían llevando a cabo desde el «mismo momento en que se llevó a cabo la toma de posesión del Gobierno de PP y AiPro», destacándose que no era algo aislado y que se llevaban a cabo a veces con la intermediación de Hacienda y Personal y, en ocasiones, por orden directa de los propios concejales.

En el listado que el edil socialista entregó al juez, a título personal aunque el PSOE provincial ha anunciado que se presentará como acusación particular, se aportaba un listado con el nombre y apellidos de familiares y gente cercana a ambas formaciones, añadiendo además la fecha de contratación y el puesto que ocupaban. En el mismo se incluye a un cuñado y una sobrina del alcalde; un cuñado del senador; y otro del delegado de Urbanismo. Además, también se apunta a la contratación de un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González Gil. También se aportan nombres de personas cercanas a ambos partidos. Entre ellos se repartieron contratos laborales temporales que iban desde puestos de arquitecto, administrativo, auxiliar administrativo o electricista, hasta peón, conserje, carpintero y personal de limpieza.

El querellante destacaba en el documento presentado ante el juez y que ha dado lugar a la imputación de los 9 concejales que “no se han cumplido las normas procedimentales establecidas por el ordenamiento jurídico a la hora de llevar a cabo las contrataciones”. Destacando por tanto que, bajo su parecer, se habrían cometido tanto un delito continuado de prevaricación regulado en el artículo 404 del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, como un delito de tráfico de influencias regulado en el artículo 428 del Código Penal. Cuestiones que son las que tendrá que valorar el juez, para lo que sigue adelante el proceso de toma de declaraciones de la instrucción previa a un hipotético juicio, que se podría llevar a cabo si finalmente sigue adelante el proceso.

Protesta a las puertas del Juzgado

Algunos ciudadanos han vuelto a esperar la comparecencia de los concejales del equipo de Gobierno ante el juez del número dos de Arcos para “mostrar su malestar con la gestión del empleo que se hace desde el Gobierno local”. En concreto media docena de personas, que se han autodenominado “los chalecos amarillos”, porque portan esta prenda para su protesta, han mantenido sus reivindicaciones a las puertas del Juzgado. Estas personas protestan, desde hace meses, en la puerta del edificio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento arcense.

El PSOE reprocha que “el PP no quiera colaborar con la Justicia”

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha pedido al PP de Cádiz que dé instrucciones a sus compañeros en Arcos para que colaboren con la Justicia y aclarar así lo sucedido con el “escándalo” en los procesos de selección que se llevaron a cabo respecto a 25 contrataciones temporales que están siendo investigadas por el juez. “El PP no puede esconderse por más tiempo en Arcos, tiene que responder ante la ciudadanía y tiene que responder ante los requerimientos que les están haciendo los jueces”, ha destacado Maese.

A juicio de la dirigente socialista, “en el PP tienen que dar más explicaciones ahora, no sólo ya por lo sucedido sino también sobre por qué esa estrategia de no dar la cara, por qué no quieren concurrir ante un juez, explicarse y colaborar con la Justicia”. Maese ha subrayado que “si no tuviesen nada que temer, si las contrataciones fuesen legales como han alegado sólo a los medios de comunicación, no obstaculizarían la labor de la Justicia con las argucias que han utilizado y comparecerían ante el juez para justificar eso que dicen”.

La secretaria de Organización ha exigido al presidente provincial, Antonio Sanz, que “tome medidas e intervenga ante un escándalo de tan amplia dimensión que salpica a todo un equipo de Gobierno, incluidos el alcalde y un senador, y evite que concurran a las próximas elecciones cargos imputados por la Justicia porque antes de tomar posesión de sus actas, pueden verse condenados”.   

Maese ha recordado de nuevo al PP que tienen un código ético que no debería ser papel mojado en esta provincia y así le insta a que lo aplique en el caso de Arcos, igual que en El Puerto, Rota, San José del Valle, Chipiona, Jerez y Algeciras donde hay muchos cargos del PP implicados en causas judiciales abiertas.