A un paso del juicio para saber qué paso con los 7,8 millones del Ayuntamiento de San Fernando

Demasiados años. Se ha alargado el tiempo dejando la sensación de que nunca se iba a desentrañar cómo se perdió y a dónde fueron los 7,8 millones de euros que desaparecieron de la caja municipal de San Fernando. Demasiados años. Las novedades llegaban a cuentagotas, entre días llenos de avances a meses de hastío. Entre resoluciones que parecían medio cerrar parte de lo acontecido a periodos de alegaciones eternos. Entre la solicitud de imputación a la imposibilidad de conseguir que esas personas testifiquen. Demasiados años. Y es que ya son tres los alcaldes que han tenido que lidiar con una de las páginas más negras de la historia de San Fernando.

El andalucista Manuel María de Bernardo estaba al frente cuando explotó todo.

Además se le ha considerado por el Tribunal de Cuentas responsable subsidiario administrativamente y condenado a pagar 30.000 euros. El popular José Loaiza, cuyo partido rompió el pacto anterior por este tema para volver a pactar con los andalucistas y firmar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que pedía la responsabilidad no solo a su socio Gobierno sino al interventor, José Antonio López, y a la tesorera, María de las Virtudes Gómez, ambos funcionarios públicos que continuaron ejerciendo su labor municipal. Y ahora es la socialista Patricia Cavada la que se encuentra con estas personas imputadas cuanto precisamente ella y su partido fueron muy críticos con la continuidad de ambos a su cargo.

Pero mejor ir por partes. Y es que el último auto presentado por la nueva juez de instrucción del caso (a la espera de que la Audiencia resuelva el recurso presentado por la Fiscalía), va más allá de la imputación de estos funcionarios, pues con su declaración pretende cerrar la instrucción de la causa. Para ello quiere dividirla en dos partes, de modo que por un lado se haga el juicio por el supuesto robo y posteriormente haya otro proceso por el blanqueo de capitales, es decir por los mecanismos que hicieron que esos 7,8 millones de euros aparentaran tener legitimidad.

De esta manera no se tendría que esperar a la declaración del clan de origen marroquí para cerrar el procedimiento y se podría iniciar el juicio por el desfalco, al menos su primera parte cuya investigación está más que cerrada (al no haber novedades). Así que se estaría a un paso de poner fecha para ese juicio que desvelaría cómo y quién se llevó el dinero y que solo estaría a expensa de las testificaciones en septiembre del interventor y la tesorera (si finalmente se producen ya que la Fiscalía se ha opuesto).

Dos funcionarios que actualmente están imputados en la causa. Dos funcionarios que siempre han estado en el punto de mira del PSOE de San Fernando, partido que siempre ha reclamado que se iniciaran los mecanismos para el cese de ambos, partido que actualmente está al frente del Consistorio.

Cavada incluso pidió que se tomaran las medidas disciplinarias que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público, aunque por el momento el único que se ha manifestado ha sido el concejal de presidencia, Conrado Rodríguez, para alegar contar con un informe jurídico que alega que desde el Ayuntamiento no se puede hacer nada al respecto. Precisamente lo que argumentaban tanto Manuel María de Bernardo como José Loaiza cada vez que los socialistas pedían que se quitara al interventor y tesorera.