La Policía cree que hubo presiones de la Junta para apoyar a proyectos falsos en la Bahía

La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional cree que la Junta y, en concreto, «personas del entorno de IDEA», jugaron un papel decisivo en una trama fraudulenta que captó subvenciones del Plan Bahía Competitiva. Más de 21,1 millones de euros, procedentes del Ministerio de Industria, cayeron presa de una red de empresas fantasmas vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con el único fin de cazar los fondos públicos destinados a proyectos que nunca vieron la luz. Parte del dinero se desvió a paraísos fiscales y fondos de inversión, como adelantó ayer el diario 'ABC'. Las empresas investigadas por los delitos de fraude con subvenciones, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales están vinculadas al gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña -quien llegó a crear 50 sociedades- y a las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña. Al frente de ellas a menudo colocaban a «testaferros» o «personas de paja».

Los investigadores avalan que desde IDEA -el ente que la Junta usaba para canalizar las ayudas- se ejercieron presiones sobre técnicos de la Diputación de Cádiz que valoraban los proyectos que se remitían luego al Ministerio para conceder las ayudas. Se apoyan en un correo que la Agencia IDEA remitió a Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz el 17 de febrero de 2011, difundido en la prensa local. En el email se indica que ésta tiene que cambiar las puntuaciones fijadas con el fin de beneficiar a proyectos en la localidad de Alcalá de los Gazules, el pueblo natal de Antonio Perales, entonces gerente del Plan Bahía Competitiva.

«Resulta que personas del entorno de la Agencia IDEA asignan los valores de puntuación que deben ser valorados por Industria, a pesar de las indicaciones de los técnicos que advierten de la falta de viabilidad de esos proyectos por falta de solvencia financiera», advierte el atestado de la Udyco, que inicia una investigación a instancias de la Fiscalía de Sevilla. Ya el presidente de la Diputación, José Loaiza (PP), denunció estas presiones ante la prensa días después de que los medios se hicieran eco del escándalo.

Para acreditar la solvencia financiera de proyectos inviables, las sociedades presentaron facturas, contratos y certificaciones falsas que pasaron sin ningún apuro los filtros de una comisión de evaluación integrada por el Gobierno central, la Junta (a través de IDEA) y la Diputación de Cádiz. De hecho, los investigadores subrayan «la falta de control sobre los documentos que certifican los requisitos exigibles», lo que «ha permitido finalmente que se libre y pague una partida de 21,1 millones a favor de proyectos falsos». También apunta a una «connivencia en el plan de responsables del Ministerio».

El informe policial va más lejos y abunda en la tesis de que hubo «un plan preconcebido y un empeño en beneficiar determinados proyectos al margen de cualquier criterio objetivo». Prueba de ello es que iniciativas presentadas en la convocatoria de 2011, «cuando ya los proyectos de Alcalá de los Gazules, asociados a Dávila Ouviña han demostrado su más absoluto fracaso y, a pesar de ello, siguen siendo beneficiados».

En lo que denomina como «organización informal» de la trama, la Policía implica a empresarios, gestores y comisionistas, así como a funcionarios y cargos «con responsabilidad en el fraude» que trabajan en IDEA, la misma agencia que hacía los pagos irregulares de los ERE. Cita expresamente a Francisco Jiménez Luque, director de Programas Europeos y Coordinación y Internacional; Antonio Perales, exgerente del Plan Bahía Competitiva (ahora adscrito a la agencia), y la empleada Rosa María Rodríguez.

Las ayudas formaban parte de un ambicioso plan impulsado por la Junta en 2007 para frenar la sangría laboral provocada por el cierre de Delphi.