La jueza de los ERE investiga si la Junta le envía expedientes «reconstruidos»

A la magistrada que investiga las prejubilaciones falsas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta en la última década sigue sin convencerle la documentación que le remite la Administración autonómica. En un auto firmado el pasado 7 de junio y dado a conocer a las partes ayer, la magistrada Mercedes Alaya informa que ha instado a la policía judicial que investigue si los expedientes remitidos por la Junta al juzgado han sido reconstruidos de forma apresurada ante la apariencia de desorden que presentan. La jueza contesta en el auto a las quejas del abogado de la Junta sobre la primera recriminación de la magistrada. En su escrito, la Junta responde a la jueza que su auto del 25 de mayo «no es más que una muestra de desconfianza» de un poder del Estado (el judicial) hacia otro poder del Estado (el ejecutivo), y por extensión, hacia los funcionarios y empleados que le sirven.

La magistrada responde a esta queja con la descripción que la propia Fiscalía hace de los expedientes remitidos por la Consejería de Empleo al juzgado: «Dicha documentación no merece en ningún modo la denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos», con hojas de libretas de espiral manuscritas anónimas «cuando no garabateadas en post-it adhesivos».

En el auto, la jueza dice que no duda de que esos papeles son los que existen realmente en el archivo de Empleo sobre los ERE, pero su apariencia le da pie a pensar en una «construcción o reconstrucción apresurada de los mismos». Por ello, ha oficiado a la policía judicial para que investigue «tales extremos».

La jueza vuelve a pedir a Empleo la documentación detallada sobre los ERE y las subvenciones a empresas «de forma ordenada y sistemática» desde 2001 a 2011, además de todo lo relacionado con las empresas públicas IFA e IDEA, a través de las que se pagaban los ERE. En este sentido, la jueza no sólo investiga estos pagos de acuerdo al convenio de 2001, cuestionado por la Intervención general de Hacienda, sino también los que se han tramitado desde abril de 2010 mediante otra fórmula, la de encomienda.

Marco de Jerez

La magistrada pide que se investiguen las ayudas de Empleo a las empresas Cespa, Aselip y FCC Medio Ambiente y la identificación de las personas que participaron en la negociación del convenio colectivo del sector de la limpieza pública de Granada en 2005.

Alaya también informa de que en el expediente de la subvención extraordinaria a 13 extrabajadores del Marco de Jerez aparece como beneficiario de una póliza Evaristo Babe Romero, actual presidente del Consejo Regulador del Brandy, cargo para el que fue nombrado el mismo día que el exconsejero Antonio Fernández, este como presidente del consejo regulador de los vinos. La jueza pide que se investigue la relación entre ambos y los sueldos de Evaristo Babe cuando firmó la póliza, por la que percibe sobre 2.000 euros mensuales. También investiga por qué dos de los beneficiarios con pólizas de González Byass tenían concedidas pensiones por invalidez permanente.

La jueza Alaya empezará a llamar a declarar a los imputados a partir del 8 de julio. Siendo uno de los primeros José Antonio García Prieto, sobre quien la magistrada ha pedido información al Banco de España sobre créditos que le han sido concedidos. García Prieto era miembro de la ejecutiva del PSOE de Camas, partido que le expulsó.