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IU denuncia que Irene García contrata a un asesor investigado

Francisco Collado entra en Diputación después de dejar el cargo en el Ayuntamiento porque a su empresa se le adjudicaron programas municipales

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El fantasma del dedazo vuelve a rondar a la Diputación de Cádiz, según denunció ayer Izquierda Unida, quien añade que su presidenta Irene García ha empezado la gestión al frente de la institución «pagando favores». Tras los casos del hijo del secretario de Organización del PSOE-A Juan Cornejo y del todavía secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, sale a la luz la contratación como asesor económico de Francisco Collado, que está siendo investigado por un caso de incompatibilidad.

Este hecho, según recuerda IU, se produce después de que «fuese cesado como funcionario de empleo del Ayuntamiento de Sanlúcar». Así, la coalición aclara que denunció «la ilegalidad que suponía» que la empresa Action Cat Consulting, propiedad de Francisco Collado, había sido contratada para la realización de las ‘Escuelas municipales de verano y otras vacaciones’, «siendo además la oferta más cara de las aspirantes, mientras este señor era funcionario de empleo del Ayuntamiento».

Fue entonces cuando el equipo de gobierno formado por PSOE y C’S rescindió el contrato alegando «una incompatibilidad sobrevenida desconocida por las partes», por lo que fue cesado por el sucesor de García en la Alcaldía, Víctor Mora.

Denuncia

IU exigió una Comisión de Investigación, ya que consideró que «la incompatibilidad no fue sobrevenida sino que existía desde el principio del contrato y era conocida tanto por la delegada de enseñanza, Elena Sumariva, como por la concejal de contratación, Inmaculada Muñoz, y por el alcalde, Víctor Mora, así como por el propio interesado». Aún así, prosigue el comunicado, «firmaron un contrato que surtió efectos durante dos o tres meses en verano hasta que se rescindió». Además aclara que la Comisión de Investigación fue rechazada e IU presentó el escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que correspondía, «a fin de aclarar los hechos por si pudiesen ser constitutivos de delitos, entre los que podrían estar: malversación, tráfico de influencias y prevaricación».

En la primera semana de agosto el juzgado de instrucción nº 1 de Sanlúcar envió al Ayuntamiento la solicitud de testimonio integro del procedimiento de licitación para la Escuela de Verano y otras vacaciones, iniciativa dentro de las diligencias previas por la denuncia presentada por IU. Es decir, el juez instructor requiere al Ayuntamiento el expediente completo de licitación de las Escuelas de Verano.

Por todo ello, desde la coalición de izquierdas consideran que «esta coincidencia puede hacer pensar que la presidenta de la Diputación ha decidido contratar a Collado como asesor económico presuntamente como compensación por su cese precipitado como funcionario de empleo en el Ayuntamiento de Sanlúcar y para garantizarse su silencio cómplice». Finalmente IU aclara que Collado ha pasado de cobrar 23.000 euros del Ayuntamiento «por un supuesto asesoramiento económico nunca demostrado» a obtener ahora 53.000 de la Diputación, según la nota de Izquierda Unida.

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