España rebaja la tensión a la espera de que Kirchner mueva ficha

La escalada diplomática entre España y Argentina por el control de la petrolera Repsol-YPF dio paso ayer a la expectación y la calma tensa, en una aparente tregua que podría preceder a otra tormenta. Mientras en Madrid el ministro Industria, José Manuel Soria, aseguraba que la crisis está «encauzada», en Buenos Aires la bajada de tono se vive como algo transitorio ante la posibilidad de que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vuelva a la carga la semana próxima a su regreso de Cartagena de Indias, donde asiste a la Cumbre de las Américas.

«En las últimas 48 horas parece que las cosas se encauzan y esperemos que siga siendo así», aseguró Soria sobre el envite del Ejecutivo argentino, que el jueves filtró un borrador de decreto para nacionalizar YPF, la filial en el país suramericano de la petrolera española.

El ministro de Industria pronunció esas palabras menos de 24 horas después de que la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, respondieran al desafío de Fernández de Kirchner con una contundencia inusitada y amenazaran al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, con adoptar y promover «medidas» a escala internacional en perjuicio de los intereses del país suramericano.

Entre tanto, en Argentina el nuevo embajador de España, Román Oyarzun, ha intensificado los contactos con empresarios y representantes diplomáticos europeos. El tema de las conversaciones es siempre el mismo: el nuevo escenario de inseguridad jurídica que se abriría para los inversores extranjeros en caso de que Fernández de Kirchner llevara a término su plan.

Buenos Aires guarda silencio, mientras crece la expectación a la espera de la nueva reunión que mantendrá Fernández de Kirchner con los gobernadores de las provincias petroleras para delinear una estrategia para devolver al Estado el control de la firma. Ni siquiera a escala interna será fácil poner de acuerdo a todos los interesados. La tarta de los beneficios es tan jugosa -sobre todo desde el descubrimiento de enormes yacimientos en el área de Vaca Muerta- que algunos gobernadores plantean diferencias porque aspiran a influir en la gestión de YPF en caso de expropiación.

Opciones

Las opciones para ejecutar el plan son varias, desde la negociación con los accionistas. Otra posibilidad sería forzar una ampliación de capital, para dar entrada al Gobierno argentino en el accionariado. Más allá del modelo, hay un problema de fondo que preocupa al Gobierno argentino, y es el impacto demoledor que tendría la caída de la producción de hidrocarburos en su economía a corto plazo. Sin acceso al crédito internacional desde el trauma que generó el cese de pagos de la deuda externa en 2001, el país crece sin pausa desde 2002 con recursos propios y demanda cada año más energía para alimentar su economía.

Según datos de la Secretaría de Energía, entre 2003 y 2011 la producción petrolera cayó un 18%, y la de gas, un 11%. Pero si se observa la actividad de YPF, las caídas fueron del 30% y del 35% respectivamente, en el mismo período. Los economistas argentinos críticos con Repsol aseguran que la firma se limitó esos años a explotar pozos ya descubiertos y a invertir las ganancias obtenidas en Alaska, Golfo de México, Caribe y norte de África. Otros analistas acusan al gobierno argentino de desincentivar la inversión.

La realidad es que el país ha pasado de la autosuficiencia al desequilibrio energético. Si en 2003 importaba 547 millones de dólares en combustible, en 2011 tuvo que pagar 9.400 millones, y este año, cuando los recursos escasean, se prevén gastos por encima de los 12.000 millones. Llegado ese punto, el Gobierno lanzó una ofensiva contra la petrolera. La idea era presionar a Repsol para que reparta menos dividendos e invierta más en el país. Pero hay quien ve en esta arremetida la antesala de la intervención del Estado. Las provincias con hidrocarburos, dueñas de los recursos, han secundado al Estado e iniciado un proceso de retirada de las concesiones. Hasta ahora, YPF ha perdido sus derechos en seis provincias, lo que equivale al 19% de su producción, pero la sangría amenaza con seguir.