En el desolador panorama económico de la provincia de Cádiz, la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno central tendría necesariamente que representar una esperanza, a pesar de la convulsión que pueda suponer para las asentadas estructuras de las relaciones de trabajo y de sus incalculables consecuencias en la formación de un nuevo modelo, de momento difícil de caracterizar. No queda otra que un cambio enérgico e imaginativo para las más de doscientas mil personas sin empleo, según la EPA, que no tienen voz en el teatro de operaciones del debate público, en cuyo nombra hablan (hablamos) políticos, sindicalistas, empresarios o periodistas ocupados, es decir con nómina más o menos fija; tampoco la hay para las 73.000 familias que se encuentran con todos sus miembros en paro, para los cien mil hombres y mujeres gaditanos que ya no cobran ningún subsidio, para la masa de jóvenes que ha tenido que marcharse o que volver a estudiar porque no encuentran donde colocarse y no quieren quedarse en «ni-nis». Tampoco hay ya más que esperar que un revulsivo, y una férrea inspección, para esa enorme bolsa de gente que para llevarse algo a casa ha de aceptar subempleos, sumergidos, en negro, en condiciones de explotación y semi-esclavitud cercanas a la pre-revolución industrial, injusticias sangrantes que ocurren aquí mismo, junto a nosotros, cada día.
La batería de medidas del Gobierno de Rajoy tiene que pasar la prueba: la experiencia dice que ninguna de las flexibilizaciones anteriores ha servido de nada. La coincidencia general es que sin la reforma financiera, sin que el crédito vuelva a fluir, no será posible salir del marasmo. Pero tampoco hay que olvidar la necesidad imperiosa de adoptar medidas de solidaridad que fomenten la cohesión social y conjuren el riesgo de fractura. La población en situación de exclusión es cada vez mayor. Tienen cara y ojos.
