«Sin denuncia, pueden estar toda la vida»

«Las personas que han entrado en Valcárcel pueden permanecer dentro toda la vida hasta que el dueño ponga la denuncia». El abogado penalista Carlos Domínguez reconoce que la situación del antiguo colegio de La Viña se antoja complicada debido al problema legal que existe para definir de inmediato su titularidad.

Domínguez señala al respecto que el titular del inmueble es quien tiene su uso, algo que se encuentra ahora en un limbo administrativo. La Diputación de Cádiz, propietaria del edificio, cedió en 2003 a la empresa Zaragoza Urbana el uso del inmueble para la construcción del primer hotel de cinco estrellas de Cádiz. Sin embargo, las dificultades que encontró el proyecto -algunas de ellas resueltas sobre la marcha como su edificabilidad- y la llegada de la crisis hicieron que la empresa renunciara a la inversión y rescindiera el contrato en octubre de 2010. Esta actuación de Zaragoza Urbana no ha sido suficiente para devolver la titularidad a Diputación, ya que obliga además a la celebración de un Pleno para aprobar su reversión. Pero no resulta fácil resolver el contrato de cesión firmado hace ocho años. El documento incluye, entre otras cláusulas, que Zaragoza Urbana se encargaría de arreglar los desperfectos del inmueble y la empresa, desde luego, no está ahora para asumir nuevos problemas después de renunciar al 10% de la inversión (unos 800.000 euros) y de haber pagado los gastos del asesoramiento en esta inversión fallida. Zaragoza Urbana, de momento, se mantiene al margen del conflicto abierto en Cádiz con la ocupación del edificio.

En este punto, el abogado Carlos Domínguez es claro y aconseja a Diputación llegar a un acuerdo con la empresa para interponer una denuncia, en caso de que se vaya por la vía penal, o de un interdicto, si optan por la vía civil, «pero es clave que la entidad que tenga el uso de las instalaciones actúe para que haya un desalojo o un desahucio». Los juristas destacan que el delito de usurpación está castigado con multas, según el artículo 245.2 del Código Penal, «pero no es el caso del antiguo colegio de Valcárcel». Este inmueble es público, se encuentra abandonado y no constituye morada. Según los letrados, la denuncia por lo penal conllevaría un juicio por desalojo, que obligaría a una actuación previa de la Policía, a identificación de los ocupantes y a su interrogatorio. Esta denuncia tendría poco éxito contra los inquilinos en cuanto a condena se refiere, «ya que han entrado sin violencia, sin causar destrozos y sin intimidación», además no han ocupado una vivienda particular «sino un edificio público sin uso y, encima, con problemas en la titularidad».

La medida más viable, en caso de que Diputación y Zaragoza Urbana lleguen a un acuerdo, sería la interposición de un interdicto por la vía civil, donde no se necesita la intervención policial «sino la actuación de un abogado y un procurador para activar el desahucio».

La ocupación del Valcárcel por una docena de jóvenes ha salpicado a la clase política y a la Diputación como institución, sin embargo, nadie quiere pronunciarse al respecto. El presidente en funciones de Diputación, el socialista González Cabaña, aclara que la responsabilidad del edificio está ahora en manos de Zaragoza Urbana. Desde Diputación solo se ha advertido que las negociaciones de la titularidad están en curso y solo señalaron que la situación es bastante compleja.

Por lo que respecta al PP, prefiere pasar de puntillas sobre este espinoso asunto y no tomar decisiones hasta que asuma el poder en la Diputación. Por tanto, habrá que esperar hasta después del 12 de julio para que el nuevo gobierno de Diputación se ponga a trabajar en este tema.