Salud ordena revisar la bolsa de empleo del SAS y revocará la validez de cursos

La segunda parte de este caso son las consecuencias, más allá de aquellas que ya soportan los imputados, que se les presenta a las administraciones públicas que dieron validez a los cursos que organizaba el SIT y a los procesos de selección de personal en los que puntuaron. Una de las primeras incógnitas que ayer surgían era si las oposiciones donde se han baremado certificados, que ahora son papel mojado, deben ser impugnadas o no. Pudiera darse el caso de que algún que otro aspirante hubiera obtenido una plaza gracias a la puntuación que le otorga esta formación extra, frente a otro opositor que no hubiera pasado por la caja del SIT.

Muchas miradas se dirigieron de inmediato a la Consejería de Salud porque gran parte de los cursos que ofertaba el sindicato fraudulento pertenecen a la rama sanitaria, como diagnóstico por imagen o urgencias. Ante las insistentes llamadas, ya por la tarde, el departamento emitía un comunicado en el que anunciaba la revisión de los interinos que están apuntados ahora en la bolsa única del SAS y a revocar la acreditación que han otorgado a algunas actividades ofertadas por el sindicato. Es decir, a eliminar puntos de los méritos de los interinos. «Actualmente, se está estudiando la situación de las personas que se encuentran en la Bolsa Única de Empleo del Servicio Andaluz de Salud y de otras instituciones del SSPA y se va a abordar con los sindicatos de la Mesa Sectorial las posibles iniciativas que se puedan tomar de manera preventiva». Tampoco descartan sanciones contra la empresa formadora y piden «que caiga todo el peso de la Ley sobre aquellas personas que han podido abusar de la confianza de quienes realizan cursos de formación como vía para adquirir méritos».

Similar reacción hubo a miles de kilómetros de Cádiz. En Canarias, además el escándalo cogía tintes políticos ya que las dos mujeres imputadas han sido cargos públicos del PP. El Gobierno canario se vio obligado a salir a la palestra porque la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales (ESSCAN) que certificaba los cursos es una empresa pública. Al igual que el SAS anunciaron revisiones, aunque el consejero de Sanidad, Fernando Bañolas, aseguró que la institución había actuado «correctamente», puesto que su papel se había limitado a acreditar siguiendo las directrices que marca el Gobierno central. Bañolas cargó las tintas contra el SIT, al que responsabilizó en exclusiva del fraude.