IDEA aprobó un incentivo a Ouviña tres meses después de denunciar el fraude

El Plan Bahía Competitiva nació, creció y se fue al traste sin que ninguno de los tres consejeros de Innovación de la Junta que estuvieron durante la vigencia del programa de captación de inversores supieran cómo funcionaba y cuáles eran sus competencias dentro de una iniciativa que la propia Administración andaluza vendió como su gran apuesta para reindustrializar la Bahía de Cádiz.

Esa es la línea argumental que mantuvo el exconsejero Francisco Vallejo en su declaración de octubre; pese a que bajo su mandato se validó el convenio que definía las funciones de cada administración, y que fue el propio Vallejo quien firmó como representante de la Junta. Sin embargo, años después asegura desconocer en qué consistía lo que estaba rubricando.

Sus sucesores en el cargo, Martín Soler y Antonio Ávila, no se han salido de ese guión marcado por Vallejo y al igual que él, declaraban ayer a la jueza instructora del ‘caso Bahía Competitiva’ que no estaban al tanto del funcionamiento del plan y que ni tan siquiera habían visto el documento que detalla el papel que tenía la Junta, el Ministerio de Industria y la Diputación Provincial de Cádiz.

Los cargos de la Administración andaluza que son preguntados por la prensa también marcan distancias. Y qué mejor forma para hacerlo que subrayar en cada una de las intervenciones que los fondos públicos que se perdieron (unos 21 millones según cifras de la Policía Nacional) procedían del Ministerio de Industria y no de la Junta de Andalucía. Ayer, fuentes oficiales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo volvió a reiterarse en esta idea en unas declaraciones efectuadas a la agencia Europa Press.

Incentivos al denunciado

Pero las hemerotecas recuerdan cómo la propia Junta, a través de la agencia pública IDEA, respaldó con incentivos propios a las empresas del principal implicado en esta trama: el empresario gallego Manuel Alejandro Ouviña.

Una nota de prensa fechada el 28 de junio de 2011 y que aún está disponible en el portal web de la Junta así lo relata: «El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la concesión de un incentivo directo de 1,56 millones de euros a la empresa Sostenibilidad, Ecología, Agua, SL, para respaldar la construcción de una planta de fabricación de sistemas de reutilización de aguas grises en el Parque Tecnológico Tecnobahía, en El Puerto de Santa María. El proyecto supondrá una inversión total de 18,25 millones de euros y la creación de 15 empleos».

Detrás de esta empresa estaba Ouviña, a quien el ministerio de Industria le reclamaría al mes siguiente, vía notificación en el BOE, la devolución de 14 millones de euros.

Antonio Ávila fue preguntando por esta autorización de incentivo a favor del empresario gallego cuando la misma agencia IDEA había ya denunciando tres meses antes que podría ser el causante de un importante fraude.

El exconsejero reconoció que por entonces había sospechas pero no eran indicios suficientes para denegar las ayudas. Ávila explicaba que a diferencia de los fondos Reindus que otorga el ministerio y que son créditos reembolsables, las ayudas que aprueba IDEA sólo se entregan cuando el proyecto empresarial justifica su actividad y que, por tanto, nunca hubo riesgo de pérdida del dinero público.

Su testimonio y el de Martín Soler habían sido solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, quien trata de aclarar qué papel tuvo la Administración andaluza antes de que se destapara el supuesto fraude cometido por un grupo de empresarios.

Hasta la fecha, la Junta ha defendido que fue la agencia IDEA la que dio la voz de alarma y denunció a la Justicia que había una serie de empresas que habían acudido a las convocatorias para el reparto de ayudas, presentándose como sociedades de emprendedores distintas cuando en realidad estaban siendo manejadas por las mismas personas. Eso había permitido que un alto porcentaje de las subvenciones acabaran en las manos de los mismos empresarios, cuyos proyectos demostraron ser un fiasco.

Por su parte, Martín Soler aseguró que nunca tuvo conocimiento de que existiera un convenio que articulaba el funcionamiento del Plan Bahía hasta que éste ha saltado a los medios de comunicación; que tampoco le interesó porque durante el tiempo que dirigió la Consejería de Innovación (entre abril de 2009 y marzo de 2010) tenía muchas áreas de trabajo que cubrir y que «a fin de cuentas» ese programa tenía un ámbito muy específico y era de ámbito provincial.

El convenio fantasma

Dicho convenio, que ahora ningún consejero reconoce, definía que eran ellos, en calidad de representantes de la Administración andaluza, los que debían asistir a las reuniones que se celebraban en el Ministerio de Industria y en las que se debía analizar el funcionamiento del plan y en las que también se daba luz verde al listado definitivo de proyectos que iban a recibir ayuda pública.

Si el consejero no podía acudir, podía designar a una persona que le representara. Ése fue el papel encomendado a la entonces delegada provincial de Innovación, Angelines Ortiz, imputada en la causa.

Soler afirma que nunca designó a la delegada, que desconoce que tuviera que acudir a reuniones y que su papel dentro del Plan Bahía era meramente institucional.

Del testimonio del exconsejero Antonio Ávila, el fiscal también se interesó por el momento en el que fue informado de las sospechas de que se estaban cometiendo irregularidades y que una partida impor=tante de las ayudas habían ido a parar a un grupo de empresarios con oscuros intereses. Ávila dijo que fue el director general de IDEA quien le puso al corriente sobre el mes de abril de 2011. Es decir, que el consejero no se enteró del escándalo hasta que éste fue denunciado por la Justicia, según su testimonio.