El debate sobre el Estatuto de Cataluña envenena el futuro del Constitucional

Los continuos retrasos del Tribunal Constitucional a la hora de dictar la sentencia que resolverá el recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña tienen como efecto colateral que se eternice la situación de provisionalidad en que vive y trabaja el pleno de esta corte de justicia.

Un tercio de los miembros del tribunal, entre ellos la propia presidenta del Constitucional intérprete de la Carta, Magna María Emilia Casas, llevan desde diciembre de 2007 a la espera de la renovación, tras haber agotado su mandato de nueve años, y todo apunta a que pueden alcanzar el segundo aniversario de interinidad sin que PP y PSOE hayan llegado a acuerdo alguno para impulsar su sustitución por el pleno del Senado, según las fuentes políticas consultadas.

El motivo oficial de la no renovación de los puestos es el desencuentro existente entre los dos grandes partidos desde septiembre de 2008 a la hora de pactar el nombre de los cuatro nuevos magistrados a elegir, pero es un secreto a voces que la verdadera razón de la parálisis es que ninguno quiere variar la actual composición de la sala que delibera desde hace año y medio sobre el Estatuto catalán. En el caso del PSOE ante el riesgo cierto de que el nuevo tribunal tuviese que retomar el debate del recurso casi desde el principio y en el caso del Partido Popular porque los cambios romperían el actual empate entre magistrados progresistas y conservadores en favor de los primeros.

Los diez magistrados que componen la sala que debate el recurso se marcharon de vacaciones en los últimos días de julio con el tercer borrador de sentencia sobre la mesa, con numerosos puntos de importancia aún sin acordar, con francos desacuerdos en otros, y sin estimación alguna sobre el tiempo que todavía necesitarán para cerrar una resolución final con un apoyo suficiente. Lo único cierto es que retomarán el debate en los primeros días de septiembre.

Récord

Si el tribunal supera el mes de octubre sin haber sido renovado -algo probable- batirá el triste récord de interinidad institucional en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, también debido a la lucha partidista entre PP y PSOE, estuvo un año y diez meses en situación de provisionalidad y a la espera de renovación.

Si la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña es el punto determinante para que los dos grandes partidos se planteen abordar la sustitución de los magistrados del Constitucional, el inicio de la negociación se puede ver también dificultado por las pésimas relaciones que viven ambos partidos, al borde de la ruptura institucional e inmersos en acusaciones de espionaje ilegal y técnicas de eliminación del contrario por el 'caso Gürtel'.