Del Rey abajo, ninguno

Cuesta lo mismo injuriar a un fiscal que a un rey: 6.840 euros es la cantidad que le imputaron a José Antonio Barroso, alcalde de Izquierda Unida en Puerto Real, por los insultos a Juan Carlos I y a su familia durante un acto celebrado en Los Barrios, el pasado año. El magistrado José María Vázquez Honrubia parece especializarse en defensa de la Corona: fue el mismo que condenó a los dibujantes de El Jueves y a quienes quemaron sus fotografías en Cataluña, pero también el mismo que absolvió al periódico Deia por sus burlas a costa de la caza de un oso a manos del monarca. Para el fiscal Pedro Rubira, que a comienzos de su carrera ejerció en la provincia, «lo que se está juzgando no es la legitimidad de la República o la Monarquía, sino que realizó unas manifestaciones injuriosas y que eran un exceso a la libertad de expresión. El debate es si las expresiones fueron necesarias o ultrajantes». A juicio de la defensa, asumida por el dirigente de IU Enrique Santiago, «las críticas no iban contra el actual jefe del Estado, sino contra la dinastía borbónica y eso no se puede censurar». Aunque el condenado ya ha anunciado que apelará, lo que sigue estando en el trasfondo de la cuestión es si la Corona, el Ejército o la propia España necesitan o no un escudo especial que les proteja de los insultos o si podrían beneficiarse de la legislación que, en ese mismo sentido, amparan a todos los ciudadanos españoles, incluyendo por supuesto a Juan Carlos de Borbón y Parma. Del rey abajo, ninguno; como diría Francisco de Rojas Zorrilla, aquel clásico que no parecía republicano.