Un millar de propietarios de pisos en alquiler lleva al juzgado a sus inquilinos por impago

Un día decidieron dejar de pagar el alquiler de sus viviendas y ahora se enfrentan a una demanda de desahucio en alguno de los 25 juzgados de primera instancia de la provincia gaditana.

Sólo en la Bahía de Cádiz, -según un sondeo realizado por LA VOZ en los seis partidos judiciales de El Puerto, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Jerez y Cádiz- un total de 606 propietarios de viviendas llevaron el año pasado a sus inquilinos ante los juzgados, exigiendo que se les desalojara de sus propiedades.

La crisis aprieta y resulta difícil afrontar los pagos. En la inmensa mayoría de los casos, la razón que les llevó a los propietarios al extremo de acudir a la Justicia fue que los inquilinos dejaron de pagar la renta de alquiler durante meses, pero se negaban a dejar las viviendas. A pesar de ello, la mayor parte de las demandas ni siquiera incluye la devolución del dinero que los morosos dejaron a deber. «Muchos sólo quieren que los echen de casa, que la dejen libre, que se la devuelvan», explican desde un juzgado de primera instancia de la capital.

El aumento descontrolado del desempleo en 2008 y la recesión económica tienen mucho que ver con la morosidad. Un ejemplo se encuentra también en el mercado hipotecario, donde las ejecuciones de hipotecas por impago se han multiplicado hasta casi más del doble en 2008. Por su parte, la cantidad de demandas presentadas por impago de renta de alquiler hasta la fecha, desde enero de 2009, ha sido de 260 casos (en los mismos cinco partidos judiciales de la Bahía de Cádiz), que sumados a los 606 del año pasado hacen un montante de 866 denuncias.

En este sentido, la histórica tendencia de los españoles por vivir en casas en propiedad, frente al poco desarrollado mercado de alquiler, tiene mucho que ver en esta distancia, entre la cantidad de demandas por deudas hipotecarias y por arrendamiento.

Llama la atención cómo en ciudades donde el alquiler está más extendido, como en la capital gaditana (donde el parque de viviendas bajo rentas antiguas es más amplio y la venta de propiedades se ha visto limitada), el número de demandas es notablemente superior al de otras ciudades como Jerez o Algeciras, con un censo de habitantes similares.

De este modo, sólo en la capital se registran más de la mitad de las denuncias por desalojo que se presentaron en 2008 en la provincia, con un total de 306 peticiones de desahucio, que se interpusieron en los cinco juzgados de primera instancia de la capital. En 2009, el número se sitúa ya en las 130.

Pese a los litigios que hay en la provincia, la cifra de demandas que acaban finalmente en sentencia judicial, y desalojo forzoso, se reduce notablemente al final del proceso, ya que en «muchos casos se resuelven antes con acuerdos amistosos entre las partes o por medio de un laudo aurbitral», explican fuentes judiciales de la provincia. De este modo, el número de demandas que acaban en sentencia y un desahucio por orden del juez, oscila cada año entre los 450 y los 500 en el conjunto la provincia, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a lo largo de los últimos años. Enfrentados a las cifras de denuncias que llegan a los registros de juzgados, la cifra puede resultar pequeña. Además, representan apenas un 1% del total de casas en alquiler que existen en la provincia, unos 52.000 inmuebles, según la encuesta del Observatorio Estatal del alquiler que depende del Ministerio de Vivienda.

Miedo al moroso

Las estadísticas del INE sobre litigios por arrendamiento, indican además que en el 90% de los casos, los jueces estiman las demandas en su totalidad, fallando a favor de los propietarios y ordenando el desahucio de los inquilinos morosos.

El miedo a los malos pagadores se mantiene como una de las causas que lleva a muchos propietarios a dejar sus viviendas vacías, en lugar de arrendarlas a un inquilino indeseable. Este temor está motivado también por el largo camino de tribunales al que se enfrentan los propietarios que tienen que resolver un desahucio a través de la Justicia.

El proceso judicial se puede prolongar unos diez a doce meses. Este tiempo lo aprovechan los inquilinos morosos para vivir gratis en la casa.

Frente a este tipo de casos, en el que los propietarios se convierten en víctimas de morosos profesionales, no se debe olvidar una variedad de casos opuestos que, igualmente llegan a los tribunales y en muchos casos con demandas de desahucios por no cumplir con el alquiler. Es el fenómeno de los acosadores inmobiliarios, más conocidos como «asustaviejas», que en ocasiones evitan el pago de las mensualidades a inquilinos con contratos de renta antigua.