Sólo violencia
Los perversos efectos de la violencia de ETA se han traducido en las últimas horas en tres acontecimientos que reflejan cómo la totalidad del universo abertzale ha quedado aprisionado por el dictado del terror. Por una parte, la condena de 1.253 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a los ex dirigentes de la banda Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mujika recupera la memoria de las seis víctimas mortales y de las 44 personas que resultaron heridas en el brutal atentado perpetrado en Vallecas en 1995, recuerdo insoslayable de las irreparables consecuencias que han provocado los terroristas a lo largo de su despiadada trayectoria. Por otra, la confirmación por la patronal vasca de que la extorsión a los empresarios prosigue de manera ya «incesante» certifica la determinación de ETA de rearmarse también económicamente para perpetuar la comisión de atentados. La combinación de ambos hechos vuelve a agravar el recurrente sometimiento que la izquierda abertzale ha mantenido ante la persistencia del terror, representado ayer por la comprensiva actitud de Acción Nacionalista Vasca ante los incidentes registrados en Hernani a raíz de la prohibición de un acto de homenaje a varios etarras. Que la formación haya utilizado la Alcaldía que ostenta para ofrecer una intolerable cobertura a las algaradas ha de conducir a las fuerzas democráticas a hacer valer su mayoría para evitar un uso tan espurio de la legitimidad institucional. Y su reacción debe agregarse a la lista de posibles indicios que puedan desembocar en un eventual proceso de ilegalización.
Actualizado: GuardarEl silencio cómplice o la abierta exculpación con la que ANV viene posicionándose ante los atentados de ETA y las amenazas de su entorno más fanatizado constituyen la enésima versión de la incapacidad o la resistencia de la izquierda abertzale para desmarcarse de la sombra del terror; y muestran cómo es ese cobarde seguidismo, y no la actuación firme del Estado de Derecho, el que acaba acotando los márgenes de que dispone ese conglomerado para poder seguir actuando conforme a los parámetros de la legalidad. La milenaria condena a la que han sido sentenciados Olarra y Mujika concreta la gravedad del delito cometido y pone de manifiesto la voluntad inquebrantable de los jueces de proteger el sistema institucional frente a la obcecación de ETA por intentar destruirlo. Casi la mitad de los 600 presos etarras purgan penas de más de 30 años por delitos de sangre; y mientras 115 imputados terminaron condenados a lo largo de 2006, sólo 36 salieron de prisión por haber cumplido el castigo impuesto. Los datos no sólo plasman el combate del Estado de Derecho frente a la continuidad de la violencia. Evidencian también cómo la sumisión al terror impide al conjunto de la izquierda abertzale interiorizar que el único futuro que cabe aguardar en esas condiciones es el que dictamine la acción de la Justicia.
