La Junta le abrió expediente por filtraciones a la prensa

Las graves acusaciones vertidas por Montes contra sus jefes implicarían, según fuentes jurídicas consultadas, delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y coacciones. En realidad la denuncia ante Alaya no es nueva. El funcionario sevillano mantiene desde 2009 un largo pleito con sus superiores en la Junta. Ganó un recurso contra ellos por «acoso y hostigamiento» que dictó el TSJA en 2011. Sin embargo, Montes volvió a recurrir a los tribunales contra la Junta al considerar que no se le habían restituido sus funciones como jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional.

La titular del juzgado número 6 de lo Contencioso, Isabel Castillo, archivó en junio de 2013 esta segunda denuncia de Montes al entender que la sentencia había sido ejecutada en «todos sus términos». Dos meses después acudió a la Guardia Civil a denunciar irregularidades en los cursos de formación en la Junta.

La fijación en sus declaraciones es especial contra su jefe de servicio directo, Daniel Fito, después de que este solicitara en mayo de 2012 a la secretaria general la apertura de expediente informativo previo a la depuración de responsabilidades por irregularidades en su trabajo. En dicho informe señala a Montes como autor de filtraciones a la prensa de supuestas irregularidades en el servicio de empleo. Fito sostiene que su obligación es denunciar a sus superiores o a la justicia en caso de que detecte un flagrante delito, pero no a la prensa, «cuando tras esa colaboración pudiera existir un ánimo de control y manejo de elementos de presión para utilizarlos contra sus subordinados y sus superiores jerárquicos».