Las autoridades mexicanas se contradicen y desesperan a las familias de los estudiantes

El procurador general de la república (PGR), Jesús Murillo Karam, desacreditó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por haber declarado que algunos de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas no correspondían a los 43 estudiantes desaparecidos hace ya 15 días cerca de Iguala. El choque entre el fiscal y el gobernador generó una profunda zozobra. ¿Quién dice la verdad? Las familias y los abogados de los jóvenes estudiantes de magisterio se reunieron con Murillo el sábado por la tarde pero no sacaron demasiadas conclusiones. Siguen esperando y se preparan para lo peor.

Aguirre, con su poder limitado tras la llegada de los delegados federales del presidente Enrique Peña Nieto, convocó una rueda de prensa -quizá para marcar territorio- en la que afirmó que, «de acuerdo con los avances que se llevan a cabo en materia forense, los cuerpos hallados no pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa».

Murillo lo desmintió. Todavía «no han finalizado las pruebas y no hay datos suficientes para identificar los 28 cuerpos encontrados en Iguala». «No sé en qué se basa el gobernador», precisó el fiscal. Aseguró que los primeros en ser informados serán los familiares. Mientras tanto no dirá nada para «evitar las especulaciones».

En busca y captura

El portavoz de las familias de los desaparecidos, Manuel Martínez, criticó a Aguirre por hacer esas declaraciones antes de obtener resultados de ADN. Creen que «ha disminuido la intensidad» de la búsqueda porque las autoridades los dan por fallecidos después de que algunos delincuentes arrestados confesaran la existencia de las fosas.

Según algunos testimonios, la Policía municipal recibió órdenes de impedir que los jóvenes boicotearan un discurso de la esposa del alcalde, José Luis Abarca, ambos en busca y captura porque huyeron tras la desaparición de los estudiantes. Los agentes acribillaron los autobuses, obligaron a los jóvenes a salir de los mismos y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos. 22 agentes han sido detenidos y cerca de 300 están bajo supervisión.

Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México, que había mantenido silencio, criticó «las omisiones y la incompetencia» del Gobierno de Peña Nieto y Aguirre, recordando que Guerrero llevaba tiempo abandonado a su suerte, «víctima de los políticos y del crimen organizado». «Es el reflejo del peligro latente de vivir en un país como México, con graves problemas internos de gobernabilidad, seguridad, corrupción y miedo, donde nadie puede decir que está a salvo», subrayó la Iglesia.