La Audiencia de Sevilla tumba la fianza de 29,5 millones que Alaya impuso a Magdalena Álvarez

La Audiencia Provincial de Sevilla ha tumbado la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129 euros que como medida cautelar impuso la jueza instructora del 'caso ERE', Mercedes Alaya, a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

La Audiencia, que ratificó el pasado mayo la imputación de Álvarez, estima el recurso de apelación que interpuso el letrado de la exministra, Horacio Oliva, por considerar «abusiva» la fianza y que fue apoyado por la Fiscalía anticorrupción. Revoca por tanto el auto dictado por Alaya el 11 de marzo de 2013, al considerar que la instrucción no ha avanzado lo suficiente como para entender «necesaria y exigible la medida» cautelar.

Alaya imputa a Magdalena Álvarez los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al acusarla de ser «artífice» cuando era consejera de Hacienda (1994-2004) del sistema de pago de las ayudas sociolaborales que hizo la Junta de Andalucía desde 2000 a 2012, que la magistrada considera ilegal.

Álvarez dimitió el pasado julio de su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las presiones del Gobierno de España tras confirmar la Audiencia de Sevilla su imputación. La magistrada ordenó en mayo el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas bancarias de la exconsejera. Todo ello quedará anulado y dejará sin efecto también las pesquisas ordenadas por Alaya sobre el patrimonio de la exministra para hacer efectiva la fianza.

La Audiencia tiene por primera vez en consideración que el sumario se halla ahora en la sala segunda del Tribunal Supremo por haberse implicado a aforados y que este aún no se ha pronunciado sobre si sigue o no con la instrucción de la parte que afecta a Álvarez y a otros cuarenta excargos socialistas y que los magistrados llaman «novedoso objeto procesal», en relación a que la imputación se deriva de una supuesta criminalidad en idear y utilizar un procedimiento administrativo no apropiado.

Los magistrados apuntan que la instrucción sobre este aspecto del caso «no solo apenas ha comenzado», sino que ha quedado «interrumpida» al trasladarse al alto tribunal. Recuerda que este órgano es el máximo de la jurisdicción ordinaria, «a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real como la cuestionada» y cuya adopción o no entiende la Audiencia que pasaría a «ser de su competencia de asumir la instrucción».

Sospechas infundadas

El letrado Horacio Oliva pidió la nulidad por otras dos razones que, sin embargo, la Audiencia no considera. Una de ellas por «vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción». Se refería a la aseveración de Alaya de justificar la fianza por la «probabilidad cierta» de que Álvarez vaya a ser condenada por los delitos.

También recurrió la fianza por entender que no responde a la existencia de «indicios sólidos de criminalidad, toda vez que la propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad».

La resolución abre la puerta para que también sean anuladas las fianzas de otros excargos de la Junta en el caso de que estos las recurran, según fuentes jurídicas.

El auto de la Audiencia se conoce el mismo día que la jueza del caso ERE dicta una diligencia en la que ordena el embargo de los bienes de otros 24 imputados, entre ellos el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el exconsejero de Innovación Martín Soler. A todos ellos les impuso fianzas de 40,3 millones de euros, la máxima a Martín Soler de cuatro millones de euros y al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, de 3,4 millones de euros. La fianza de Braulio Medel es de 482.790 euros.

Alaya ha pedido algo más de 2.948 millones de euros en fianzas civiles a al menos 130 imputados en la causa. Una cantidad que triplica el montante del dinero subvencionado a empresas en crisis y sus trabajadores durante la época investigada (2000 a 2012). Alaya cifró en 850 millones de euros el dinero pagado de forma ilegal, aunque aún no ha concretado el fraude real.