«Sondar a mi madre será legal, pero no ético»

La familia de Ramona Estévez la acompaña más tranquila en sus últimas horas una vez que han conseguido que el centro médico de Huelva en el que está ingresada le retirase la sonda nasogástrica con la que trataban de alimentarla pese a su voluntad y a que permanece en estado irreversible. Esto solo ha sido posible tras recurrir a la Junta de Andalucía, cuya consejería de Salud tuvo que intervenir para «recordar» al centro médico que la ley autonómica de muerte digna ampara el deseo de la paciente.

«Habían convertido a mi madre en una máquina de bombear sangre, un vegetal», explica con la voz rota José Ramón Páez, su hijo, una situación que «técnicamente podrá ser posible, pero éticamente es inadmisible e inhumano». El calvario comenzó el pasado 26 de julio, cuando Ramona, que cumplirá 91 años la próxima semana, sufrió un infarto cerebral. Las primeras pruebas médicas confirmaron el peor pronóstico, que el cerebro estaba destrozado y no podían hacer nada ante su avanzada edad, por lo que ante lo irreversible de la situación los médicos la derivaron al hospital concertado Blanca Paloma, del Grupo Pascual, especializado en el tratamiento de personas mayores en estado terminal.

José Ramón no oculta su agradecimiento al personal de este centro por su dedicación y cuidado de su madre, pero reconoce la tensión con el médico que les atendió y el «chantaje» al que se vieron sometidos. Desde el primer momento, expresaron la voluntad manifiesta de Ramona de no recibir tratamientos que prolongaran artificialmente su vida, una voluntad que había repetido en numerosas ocasiones a sus hijos o a las cuidadoras que se encargaban de ella desde que fue operada de una cadera. «Ella solo decía que cuando llegara el momento le dieran una pastillita para poder morir tranquila», rememora José Ramón, quien insiste en que hasta el último momento su madre mantuvo la cabeza lúcida y buena salud.

Sin embargo, el facultativo les dijo que había que sondarla para alimentarla, porque el suero solo la hidrataba. Ante la negativa familiar, llegó el ultimátum: «o le poníamos la sonda o nos la llevábamos a casa bajo nuestra responsabilidad». «Nos advirtió que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal», prosigue José Ramón entre lágrimas. «No sabíamos que hacer», por lo que ante su desconocimiento de la ley acabaron aceptando la pretensión del médico, que en varias ocasiones les preguntó acerca de si la mujer había realizado el testamento vital, «supongo que para tener un documento al que agarrarse para cumplir su deseo, los médicos no se quieren complicar la vida».

La aplicación de la sonda complicó aún más la situación de Ramona, que sufrió una infección pulmonar que requirió incluso antibióticos. «Nos decían que no sentía, que estaba inconsciente, entonces, ¿para qué mantenerla con vida?», se pregunta su hijo.

Tras conocer a través de la prensa la situación de Carmen, una mujer hospitalizada en Leganés en una situación similar, el hijo de Ramona contactó con la asociación Derecho a Morir Dignamente, que remitió el caso a la consejería de Salud. Ésta se puso en contacto el lunes con la dirección del centro médico, y en cuestión de horas se le retiró la sonda.

Primera intervención

Se trata del primer caso, desde la entrada en vigor de la normativa, en que la administración autonómica andaluza tiene que mediar. «Un caso clarísimo para aplicar la ley», según apuntan desde la asociación DMD. Por su parte, la Consejería andaluza de Salud apunta que no han tenido que «dar ninguna orden» al hospital, sino «aclarar» la aplicación de la norma, y subraya que la dirección del centro «inmediatamente ha entendido los derechos legales del paciente y las garantías médicas» que recoge la ley.

Andalucía fue la primera comunidad en aprobar, en 2010, la ley de muerte digna, norma a la que posteriormente se sumaron Aragón y Navarra y que, con carácter estatal, se encuentra aún en fase de proyecto de ley. Su aplicación en la región andaluza se realiza «con total normalidad».

Curiosamente, el centro Blanca Paloma, que no ha querido pronunciarse sobre el caso, pertenece al mismo grupo que el hospital en el que falleció la granadina Inmaculada Echevarría, la enferma que rechazaba el tratamiento médico en aras de su derecho a morir dignamente, y cuyo caso aceleró la tramitación de la ley.