El Gobierno activa los mecanismos para anular la consulta independentista

El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos legales para anular la consulta independentista en Cataluña convocada esta mañana por Artur Mas solo unos minutos después de que el presidente de la Generalitat firmase el decreto que fija su fecha y preguntas.

Soraya Sáenz de Santamaría, en funciones de presidenta del Gobierno por estar Mariano Rajoy de regreso de su viaje a China, convocó de urgencia una comparecencia pública, solo dos horas después de la firma del decreto, para dejar claro que la consulta de autodeterminación no se va a celebrar porque viola la Constitución, la soberanía nacional y la unidad de España, y porque, diga lo que diga Mas, "es un referéndum como la copa de un pino".

La vicepresidenta ha anunciado que el Ejecutivo acababa de encargarle al Consejo de Estado el dictamen preceptivo para confirmar que tanto la ley de consultas como el decreto que en su nombre convoca el referéndum son ilegales antes de que el Consejo de Ministros acuerde, el próximo lunes, impugnarlos ante el Tribunal Constitucional para lograr su suspensión cautelar inmediata. El plazo máximo que el Consejo de Estado tiene para entregar su informe es de 48 horas.

Santamaría, que ha tranquilizado a los españoles con la promesa de que no habrá referéndum y de que el Gobierno garantiza el cumplimiento estricto de la ley y de los derechos de los ciudadanos, ha recordado a la Generalitat y a todos los partidos soberanistas catalanes que una vez de que el Constitucional acuerde la suspensión de la ley y la consulta, quizás el martes, nadie podrá realizar acto o campaña alguna para prepararla o llevarla a cabo sin que se considere que ha violado la ley y se enfrente a la comisión de un delito. "La suspensión produce el efecto de que no se puede producir ningún efecto de ninguna naturaleza", ha aclarado.