La inacción gubernamental provoca el cierre de nueve canales de televisión

Un año y cinco días después, el Ministerio de Industria decidió mover ficha para quedarse en el mismo sitio. El 22 de marzo del año pasado, el Gobierno anulaba el reparto de nueve canales de TDT para ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 11 de diciembre de 2012, fundamentada en la constatación de un mero defecto formal de la Administración -en tiempos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero- al no desarrollar a tiempo el real decreto que concedía las licencia. Un defecto de forma que el Ejecutivo no ha solventado. Todo lo contrario. Industria requería ayer a los cuatro operadores nacionales de televisión el cese de las emisiones de nueve canales antes del 6 de mayo.

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) criticó que en los 18 meses desde la publicación de la sentencia, «Industria ha tenido la oportunidad, como ha hecho en otros sectores, de subsanar el defecto administrativo señalado por el TS pues, como la sentencia reconoce abiertamente, los operadores privados han dado pleno cumplimiento a todas las múltiples y gravosas obligaciones exigidas legalmente desde 2005 hasta hoy».

Sin embargo, Industria ha optado, según señaló anoche Uteca en un comunicado, por «hacer recaer su responsabilidad sobre los operadores y especialmente sobre los ciudadanos, quienes serán los principales perjudicados por esta inaudita medida, sin ningún antecedente conocido en países democráticos, que reduce drásticamente la oferta audiovisual y el pluralismo televisivo, y que supone una grave lesión de los principios de seguridad jurídica».

Asimismo, Uteca aseguró que los operadores, que ya han pedido amparo al Tribunal Constitucional, «utilizarán todos los medios a su alcance en el supuesto de que no se adopten las medidas necesarias para solucionar esta situación».