Fuentes desvía la atención del juicio al afirmar que el Madrid le debe dinero

Si alguno pensaba que al juicio de la ‘operación Puerto’ le faltaban nombres, el médico Eufemiano Fuentes soltó el más jugoso de todos tras la sesión celebrada en el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid. El galeno parece decidido a arrastrar consigo a culpables e inocentes, conocedor de que cualquier deportista o entidad que salga por su boca quedará manchado, enfangado, y cubierto de dudas por la sombra del dopaje, y mantiene su táctica de despiste introduciendo elementos ajenos que ayuden a desviar la atención sobre el propio juicio.

Después de escuchar los informes finales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Federación Española de Ciclismo (FEC) y del abogado defensor del exdirector deportivo Vicente Belda y del preparador físico José Ignacio Labarta, Fuentes, que se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión por un delito contra la salud pública por las transfusiones de sangre practicadas a deportistas entre 2001 y 2006, se atrevió a mezclar churras con merinas y mostró su disposición a reclamar al Real Madrid una deuda que el club blanco tiene con él y que «está a punto de prescribir».

En unas declaraciones a Radio Nacional de España, el doctor aseguró que no recordaba en qué año contrajo la entidad de Chamartín la deuda y no supo o no quiso contestar si fue por un tratamiento médico. Tuvo que ser su abogado el que debió salir al paso para desligar este asunto de la Operación Puerto. Tomás Valdivielso, sin embargo, no dio una cifra concreta ni una cifra exacta –«puede ser 2007, 2008 ó 2009»– porque afirmó que no la recordaba.

El Real Madrid no tardó en dar datos concisos para aclarar que, efectivamente, debía una cantidad de dinero a Fuentes pero que en ningún caso tenía que ver con un servicio prestado por el médico, sino por los gastos de desplazamiento y de dinero que dejó de percibir de su salario cuando fue llamado a declarar como testigo en el juicio contra Le Monde, que en 2006 acusó al club madrileño –junto con otros equipos españoles como el Barcelona– de estar relacionados con la trama de dopaje que se está juzgando ahora. Desde las oficinas del Bernabéu se asegura que los gastos no se han abonado al no presentar Fuentes justificante alguno de los mismos. En un comunicado oficial en su web, el Madrid anunció que presentará «una demanda de manera inmediata» ante «el intento de confundir a la opinión pública, con evidente mala fe» por parte de Fuentes.

Antes de este nuevo sainete orquestado por el médico canario, la AMA había pedido en su informe final la condena para todos los acusados a la juez Julia Patricia Santamaría porque, según la abogada Berta Aguinaga, se han aportado durante el juicio pruebas «reveladoras e irrefutables» contra ellos. La letrada considera que las «prácticas médicas prohibidas» de los cinco encausados «han trascendido con mucho las normas de la competición deportiva y entrado de lleno en el campo penal, poniendo en riesgo la salud de los deportistas» y apoyó sus conclusiones en «la coherencia, consistencia y coincidencia» de las declaraciones de exciclistas como Jorg Jaksche, Jesús Manzano y Tyler Hamilton. Sin embargo, como antes hicieron el resto de las acusaciones, Aguinaga acusó a Joseba Beloki, Ángel Vicioso, Isidro Nozal, David Etxebarria, Unai Osa y Marcos Serrano de «faltar a la verdad de forma flagrante» en sus comparecencias y solicitó que se estudie si cometieron un delito de falso testimonio. Además, la representante de la AMA volvió a insistir a la juez en que les dé acceso a las bolsas de sangre descubiertas durante la investigación policial para «abrir un procedimiento deportivo disciplinario». También Cristina Quero, abogada de la RFEC, pidió las muestras sanguíneas para identificar a los clientes de Fuentes y para poder cargar contra los acusados por peligro la vida de personas por emplear métodos médicos sin las garantías sanitarias adecuadas.

La defensa de Vicente Belda y José Ignacio Labarta, por su parte, valoró las acusaciones contra sus clientes como «poco precisas y vagas» y reclamó la anulación como pruebas de las escuchas telefónicas.