El ministro de Economía, Luis de Guindos. / Fabian Bimmer (Reuters)
españa ante la crisis

26 entidades suscriben el crédito para el pago a proveedores

El fondo asciende 30.000 millones de euros, ampliable hasta los 35.000

MADRID Actualizado: Guardar
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El Gobierno y 26 entidades financieras han dado el último paso para poner en marcha el plan de pago a proveedores por parte de comunidades y ayuntamientos con la suscripción de un crédito sindicado, por valor de 30.000 millones de euros, ampliable hasta los 35.000. A partir de esta firma, los ayuntamientos podrán comenzar a pagar sus facturas pendientes a partir del 31 de mayo y las comunidades a partir del 30 de junio.

El Ministerio de Economía y Competitividad informa en un comunicado de que este préstamo ha sido liderado por BBVA, Banco Santander, Bankia y Caixabank, con una participación de 3.067 millones de euros cada entidad, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 7.000 millones de euros. El Banco Popular, entidad codirectora principal, participa con 2.130 millones de euros, en tanto que las codirectoras serán Banesto (1.300 millones), Banco Sabadell (1.100 millones), Bankinter (1.000 millones), Banco CAM (1.000 millones) y CECA (835 millones).

También intervienen en este crédito Banca Cívica (300 millones), Banco de Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria (250 millones), Banco de Madrid (100 millones), Banco Pastor (210 millones), Banco Cooperativo Español (750 millones) y NCG (400 millones). Asimismo, participan Cajamar (250 millones), Catalunya Banc (857 millones) y Unicaja (250 millones).

Bajo la representación de CECA están presentes: Mare Nostrum (400 millones), Liberbank (300 millones), Ibercaja (100 millones), Confederación Española de Cajas de Ahorros (25 millones), Caja de Ahorros de Ontinyent (6 millones) y Colonya Caixa (4 millones).

Este convenio ha sido suscrito por las entidades con el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado por el Gobierno el pasado 9 de marzo como instrumento para canalizar la financiación sindicada que permite el pago de las deudas de corporaciones locales y autonómicas. Desde la creación de este fondo, se han negociado los términos de las sindicación y se ha llegado a un acuerdo de "forma particularmente rápida dada la magnitud de la operación".

El Departamento que dirige Luis de Guindos recuerda que se trata de "la mayor operación de refinanciación en la historia reciente de España", que conllevará una inyección de liquidez a la economía equivalente al 3% del PIB y aportará un crecimiento del 0,4% entre 2012 y 2013. Según el Ejecutivo, se espera que se generen en este periodo entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo gracias a esta iniciativa.

Este crédito firmado tiene el aval del Tesoro Público, que cuenta además con la garantía de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de ayuntamientos y comunidades.

Devolución

Economía entiende que esta estructura asegura al Estado la devolución del préstamo por parte de las administraciones territoriales, que han tenido que presentar un plan de viabilidad que garantice su solvencia y capacidad de pago futura.

Las entidades otorgan la financiación a cinco años, con dos de carencia, pero las administraciones podrán devolverlo en diez años mediante una refinanciación que hará el FFPP. Se estima que el interés rondará el 5,9%, según Economía, que asegura que el préstamo se referencia al Euribor a 3 meses al que se le añade un diferencial según las condiciones del mercado.

Los ayuntamientos han presentado 1.967.000 facturas pendientes, con un importe de 9.750 millones de euros, en tanto que los proveedores han solicitado el pago de 1.717.000 facturas, por 9.312 millones de euros. Las autonomías han dado cuenta hasta el momento de 3.960.000 facturas, valoradas en 17.700 millones de euros. El plazo se cierra el próximo 22 de mayo. Los pagos pendientes se abonarán a través de un intermediario financiero, de forma que el dinero les llegará directamente, recuerda el Ministerio.

Economía y Competitividad remarca el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad de las administraciones respecto al conjunto de la economía y la transparencia de las cuentas públicas.