Panel donde se ven todos los vuelos cancelados por las bajas de los controladores. / Archivo
TRIBUNALES

La juez pide vídeos de los controladores durante la huelga salvaje

Ordena que le remita toda la programación televisiva con las declaraciones de los imputados

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La jueza de Madrid que investiga la huelga encubierta de los controladores aéreos en diciembre de 2010, por la que están imputados unos 90 funcionarios de los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz, continúa con las diligencias para acotar la responsabilidad penal de los acusados.

La magistrada María del Sagrario Herrero, titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, ha librado un oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para que le remita en formato digital "toda la programación de televisión nacional y autonómica de las declaraciones realizadas por cualquiera de las personas implicadas en los hechos ocurridos el día 3 y 4 de diciembre de 2010, y dos semanas antes y dos semanas después de los acontecimientos".

Con esta diligencia quiere delimitar la responsabilidad de cada uno de los imputados, en caso l aeropuerto de Santiago de Compostela, donde comenzó a gestarse los primeros cierres parciales la mañana del 27 de noviembre de 2010.

Otra de las resoluciones adoptadas por la juez, a petición de la defensa de algunos imputados, es la declaración testifical del presidente del consejo de administración de NAV, la autoridad de navegación aérea portuguesa. Detrás de la estrategia de los controladores está la implicación de AENA en el cierre del espacio aéreo con sus presiones y desprestigio al gremio; de ahí que los imputados quieran conocer si el presidente de NAV estaba al tanto del decreto del Gobierno que iba a modificar su jornada laboral y que motivó la huelga.

En la actualidad, ocho juzgados de instrucción de toda España tienen abiertas causa penales contra unos 220 controladores por las consecuencias de aquel paro encubierto, que afectó a más de 900.000 pasajeros y cerró el espacio aéreo español durante 24 horas. Se les imputan delitos de sedición aérea, coacciones y, en los casos más extremos, secuestro ilegal, después de que la juez admitiera la denuncia de un viajero que estuvo retenido tres horas en un avión en Barajas.