¿Y ahora qué?

El anuncio de «cese definitivo» de la violencia de ETA plantea un reguero de incógnitas que solo el tiempo podrá despejar. Desde la suerte de los más de 700 terroristas encarcelados en España y en Francia hasta el futuro electoral de la ilegalizada izquierda abertzale, pasando por el desarme de la organización o el rumbo de la lucha antiterrorista. En ese mar de dudas, sólo hay una certeza: será el Gobierno elegido el 20 de noviembre el que deberá gestionar la forma en que ETA certifica su fin.

Populares y socialistas han asegurado por activa y pasiva que no habrá concesiones políticas a cambio de la paz y, mucho menos, una amnistía general como reclaman los terroristas y la izquierda abertzale. Pero ambos partidos se han mostrado dispuestos a dar pasos si ETA anunciaba su disolución sin condiciones. ¿Será suficiente el anuncio del cese de la violencia armada?

Acercamiento de presos: lo más fácil

Es una reclamación histórica de ETA desde que en 1989 el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, pusiera en marcha la dispersión de los presos para debilitar a la banda. En la actualidad, los 559 reclusos en España están repartidos en 51 centros penitenciarios. Francia también aplica esa política sus 140 internos etarras. Sólo una treintena de los presos de ETA en España están en el País Vasco. En principio, sería la medida penitenciaria más fácil y menos polémica, pues no supone la aplicación de beneficio carcelario alguno. No hacen falta cambios legales porque el reparto de los presos por los centros es potestad de Instituciones Penitenciarias sin tener que dar explicación a jueces de vigilancia o tribunales sentenciadores. Además, tiene el respaldo de la legislación, que establece que el preso debe cumplir condena cerca de su lugar de residencia o donde tenga arraigo social. Y ahora, además, tendría una fácil justificación: la dispersión nació para debilitar a una banda terrorista que ahora, aunque exista formalmente, ya no va a atentar. El acercamiento podría ser masivo, pero todo parece indicar que, de producirse, sería escalonado y siempre beneficiaría a los terroristas que rompan amarras con la organización. Esa táctica de la zanahoria ya se ha empleado en los últimos años con los presos que se mostraban díscolos con la dirección de ETA , a los que el Ministerio del Interior ha acercado y congregado en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca.

Excarcelaciones: muy complejo

Es una medida más polémica, de mayor complejidad legal y llena de particularidades. Tanto el PSOE y el PP rechazan de manera frontal una amnistía general, que en cualquier caso no tiene amparo legal ni en el Código Penal ni en la Constitución. Aquí caben muchas posibilidades, pero siempre de manera individualizada, jamás general.

Presos irredentos o con delitos de sangre: Actualmente son 337, todos ellos en primer grado. El margen del futuro Gobierno será muy limitado con los terroristas que no se reinserten, pidan expresamente perdón a las víctimas, renieguen de ETA y acepten pagar las indemnizaciones de sus atentados. Las reformas que introdujo la Ley Orgánica 7/2003 en el Código Penal y en la Ley General Penitenciaria para el «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas» prohíbe expresamente que este tipo de internos puedan gozar de beneficio penitenciario alguno, por lo que solo cabría el cumplimiento íntegro de su condena, a no ser que mediara una compleja y polémica 'contrarreforma' del Código Penal, que parece improbable a corto plazo. Si no hay cambios normativos, la ley es tajante: los etarras con delitos de sangre no podrán ser progresados de grado sino han pasado entre rejas un mínimo de 24 años, conforme al anterior Código Penal, o 32 si fueron condenados por hechos cometidos tras 2003.

Libertades condicionales de grandes terroristas: El acceso a este beneficio es una exigencia del colectivo de presos, sin embargo el Gobierno no podrá hacer nada sin reformar el Código Penal. La ley desde hace ocho años impide que puedan llegar a esta situación los etarras que no hayan pasado entre rejas siete octavas partes de su condena. O lo que es lo mismo, los terroristas con delitos de sangre no podrán obtener la libertad, aunque rompan con la banda, antes de 26 o 35 años de prisión efectiva, en función del Código Penal por el que fueron condenados.

Internos en segundo grado: Aquí hay más margen de maniobra. Es un colectivo compuesto en la actualidad por 181 presos con penas menores, condenas muy avanzadas y, sobre todo, que han dado muestras fehacientes de haber comenzado a romper con la disciplina de ETA . Son internos que cumplen los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, aunque sin llegar al tercer grado que implica la semilibertad. A estos internos, siempre si piden perdón y asumen las indemnizaciones, Instituciones Penitenciarias, con la autorización del juez de vigilancia, les puede aplicar, de forma individualizada, el artículo 100.2, que permite salidas a las calle para cursos o trabajos. Interior ha utilizado este artículo para dejar pisar la calle antes de acabar su condena a diez etarras arrepentidos y a nueve por motivos de salud. Otra quincena de terroristas que han roto con ETA y que están congregados en Nanclares serán sin duda los próximos a los que se aplique este artículo.

'Doctrina Parot': Medio centenar de terroristas con largas condenas han recurrido ante el Tribunal Constitucional esta doctrina establecida por el Supremo en 2006 que ha alargado varios años su condena. Esta interpretación es que el cómputo de los beneficios penitenciarios se debe hacer sobre el total de la condena y no sobre el total del cumplimiento. En este punto, el Gobierno no puede hacer nada. Es una decisión de los magistrados de la corte, que abordarán cada caso de manera individualizada. Hay varios miembros del Constitucional que se inclinan por derogar la 'doctrina Parot', pero lo polémico del asunto ha hecho que los fallos se demoren.

Sortu: pendiente del Supremo

La antigua Batasuna, aunque forma parte de Bildu y de Amaiur, no se siente identificada con sus compañeros de viajes, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba. Su apuesta sigue siendo la del partido propio, y a partir de ahí decidir sus coaliciones. En ese punto, los abertzales exigen al Gobierno la legalización de Sortu, partido al que Interior vetó la inscripción en su registro, una decisión que confirmó el Supremo. El asunto ahora está en manos del Constitucional, y, como en el caso de la 'doctrina Parot', nada puede hacer el Gobierno. No obstante, la Fiscalía y la Abogacía podría cambiar de parecer y no pedir a la corte el veto a la inscripción, pero un golpe de timón de ese calado se antoja improbable. Otra cosa sería si Batasuna intenta inscribir otro partido con vistas a las elecciones vascas de 2013. Ahí será Interior el que decida.

Amaiur: previsible éxite electoral

Antes incluso del cese de ETA , la Fiscalía y la Abogacía del Estado veían muy improbable poder impugnar con éxito las listas de la ultima marca electoral abertzale para los comicios del 20-N.

Ahora, lo ven todavía más negro. Amaiur -recuerdan- es una coalición de partidos legales y la contaminación de la antigua Batasuna apenas alcanza el 10% de los candidatos elegibles. Todos los analistas apuntan a que Amaiur, más tras el anuncio de ETA , obtendrá muy buenos resultados, hasta el punto de tener grupo parlamentario en el Congreso.

Bildu: seguirá gobernando

Aunque las recientes reformas legales hacen posible reclamar la ilegalización de Bildu o de alguno de sus grupos municipales, la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado, por el momento, no ven indicio alguno para tratar de reclamar su apartamiento de las instituciones, máxime tras el listón que fijó el Constitucional, cuando dio luz verde a la participación de Bildu en los comicios locales de mayo. Salvo grandes sorpresas, Bildu seguirá gobernando 116 alcaldías y la Diputación de Guipúzcoa.

Cientociencuenta juicios pendientes: la Fiscalía acusará

ETA echa la persiana con 121 presos aún pendientes de juicio y cuando todavía en la Audiencia Nacional se acumulan, en diferente fase de instrucción, cerca de 150 sumarios. El Gobierno en este asunto nada podría hacer aunque quisiera. Los jueces de la Audiencia ya han dicho que no van a cambiar un milímetro sea cual sea la situación política. La Fiscalía, por boca de Javier Zaragoza, ha anunciado que seguirá trabajando como siempre. Esto es, acusando. Aunque el Ministerio Público no acusara, habitualmente en los juicios de miembros de ETA siempre hay personadas víctimas, por lo que tampoco parece fácil la vía del acuerdo entre la Fiscalía y los acusados para rebajar las penas.

Dirigentetes abertzales encausados: poco margen

La izquierda abertzale reclama con fuerza desde hace meses al Gobierno que cese el acoso a sus líderes para facilitar la «normalización». Aunque el Ejecutivo quisiera hacer algo, está atado de manos, pues son los jueces los que deciden. Un centenar de dirigentes del mundo radical vasco está a la espera de juicio, encausados en cuatro sumarios, 'Herriko tabernas', 'Askatasuna' , 'Mesa Nacional' y 'H-Alboka'.

Arnaldo Otegi: con la vista en el Supremo

La cara más conocida del independentismo radical, Arnaldo Otegi, acaba de ser condenado a diez años de cárcel por ser «dirigente» de ETA . La izquierda abertzale, desde varias plataformas, ha planteado con insistencia su liberación, que ahora está en manos del Tribunal Supremo y que debe decidir si confirma la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso 'Bateragune'. La Fiscalía va a seguir acusando en este proceso, según fuentes de ese departamento.

'Exiliados': comprobar las causas

Entre «las consecuencias del conflicto» que ETA quiere hablar con el Gobierno están lo que denomina 'exiliados' y que, en realidad, no son otros que los etarras huidos al extranjero desde hace años. Según las fuerzas de seguridad, son un centenar de activistas, unos cuarenta en Venezuela y el resto repartidos por Cuba, México y otros países. La ley no contempla ningún tipo de posibilidad de amnistía. El Gobierno, como ya hizo el Ejecutivo de Aznar en la tregua de 1999, podría ofrecer a estos etarras información del estado de sus causas a través de las embajadas para que pudieran regresar aquellos cuyos delitos hubieran prescrito.

Desarme: la prioridad

Será sin duda la prioridad del Gobierno que salga del 20-N, aunque no desde luego para la banda, que ni siquiera mencionó un posible desarme en su declaración de cese definitivo. Todos los expertos coinciden en que será una cuestión muy difícil de conseguir. De hecho, en el caso del IRA la entrega de las armas se demoró más de seis años. Según los servicios de información, el grueso del arsenal de ETA está formado por el denominado 'botín Vauvert', los 300 revólveres y 50 pistolas que los terroristas robaron en un almacén de esa localidad gala en 2006. Tras la desarticulación de la base de Portugal con sus 1.500 kilos de material para fabricar bombas en febrero de 2007, y el hallazgo de los grandes zulos en la localidad guipuzcoana de Legorreta el pasado abril con 850 kilos de explosivos, Policía y Guardia Civil creen que ETA apenas tiene arsenal para confeccionar artefactos, aunque advierten que la banda aún no ha gastado las cuatro toneladas de nitrato que sustrajo en 2005 para fabricar amonal.

Reclamaciones históricas: inconstitucionales

Esta es casi la única cuestión en la que no caben dudas. Ni un gobierno del PP ni uno de los socialistas están dispuestos siquiera a escuchar las dos demandas históricas de ETA , esto es ejercicio del derecho de autodeterminación para votar la independencia del País Vasco, así como la anexión de Navarra y de las tres provincias vasco francesas para formar el ente de Euskal Herria. Esta petición es directamente inconstitucional y parece imposible que el Parlamento siquiera las considere y mucho menos que se embarque en una reforma de la carta magna.