Rajoy pone en jaque al Gobierno al exigir más liquidez para sus autonomías

El PP intentará asestar este miércoles un nuevo golpe a la línea de flotación de José Luis Rodríguez Zapatero al exigir al Gobierno una moratoria de diez años para que las comunidades autónomas puedan devolver los anticipos recibidos del Estado, sobre todo en concepto de IRPF e IVA, correspondientes a 2008 y 2009. Mariano Rajoy reunió ayer a todos sus barones regionales para sellar una postura común ante la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras el nuevo mapa político autonómico surgido de las elecciones del 22 de mayo. Los populares exhibirán músculo en un encuentro que se prevé tenso: controlan 11 de los 17 gobiernos autonómicos, pero no podrán frenar al Gobierno en este organismo donde goza de mayoría (el Ejecutivo representa del 50% de los votos y tiene garantizado el apoyo de Andalucía).

Pese a que la naturaleza del CPFF es netamente económica (de hecho asisten los consejeros de economía), los populares buscan "poner en evidencia" la "incapacidad" de Zapatero para arbitrar un mecanismo de estabilidad presupuestaria apoyado por todas las administraciones. Un argumento más, según la dirección popular, para adelantar las elecciones generales y propiciar la formación de un gobierno que otorgue "credibilidad dentro y fuera de España".

Rajoy, durante una conferencia en los Cursos de Verano de El Escorial, reclamó en este sentido que "se abra paso a la cordura" a la hora de fijar una fecha para los comicios.

Los consejeros del PP responsabilizarán a los "malos cálculos del Gobierno" de la situación de asfixia económica de las autonomías. Rajoy negó de manera rotunda que pedir más dinero para el presente ejercicio a través de esta moratoria y la "estabilidad de los flujos de tesorería" afecte "al déficit público o al conjunto de la deuda pública".

Existe mucha inquietud entre los nuevos presidentes autonómicos del PP por el estado de sus tesorerías. Una vez que ha quedado patente que la poda ejecutada en consejerías, parque móvil, teléfonos, altos cargos y en los gastos de publicidad y protocolo, apenas supone un ahorro del 1% de sus cuentas anuales, sólo queda enfrentar una delicada encrucijada: o recibir más dinero del Estado o comenzar a tocar el gasto social, en especial el sanitario, al que las autonomías dedican casi el 80% de sus recursos. Y esta es una línea roja que, de momento, nadie en la formación de centroderecha quiere atravesar.

La estrategia del PP pasa por acentuar la responsabilidad de Zapatero del caos autonómico y ofrecer un perfil institucional, aunque sin aceptar ninguna de las propuestas que realice la vicepresidenta Elena Salgado que, junto a Manuel Chaves, presidirán la reunión del CPFF. Otra pata importante de su actuación radicará en explicar a los ciudadanos "la plena responsabilidad del Gobierno en la situación de liquidez". Defenderán esta tesis argumentando que "la gran mayoría del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros y, por lo tanto, los niveles de deuda son responsabilidad del Gobierno".

Los presidentes del PP firmaron una declaración en la que aseguran que entienden que España no puede permitirse el actual nivel de gasto público y que la única manera de realizar un ajuste es una reforma institucional que establezca de forma precisa los límites competenciales. En este sentido consideran que, para devolver a España a los niveles de bienestar y empleo que alcanzó, resulta "inaplazable" la creación de un nuevo marco de estabilidad y disciplina que actúe como complemento institucional al proceso de racionalización del sector público y propone unas líneas de actuación que garanticen el Estado de Bienestar y la prestación de servicios esenciales.

Alianza de populares

Rajoy logró un compromiso de sus presidentes para actuar de manera coordinada, en una especie de alianza de gobiernos populares que, por un lado, dicen sí a la estabilidad presupuestaria pero sin dejar de demandar al Gobierno que cumpla con sus obligaciones. No obstante, no todos los presidentes del PP tienen que lidiar con la misma situación y se nota cierta disparidad de criterios. "No nos puede obligar a cumplir con un déficit imposible", indicó Alberto Núñez Feijóo en referencia al límite máximo del 1,3% de déficit que ha fijado el Ministerio de Economía de Hacienda. Una declaración realizada a la salida del cónclave donde los dirigentes populares, precisamente, firmaron un documento mediante el que se comprometían con los objetivos de estabilidad presupuestaria y transparencia y a actuar de forma coordinada en la mejora de la eficiencia del gasto público y la unidad de mercado.

Por el contrario, reclaman al Ejecutivo que "ejerza sus competencias" para hacer sostenibles servicios públicos esenciales, en especial la sanidad y la ley de dependencia. Reprochan, una vez más, que no se haya reformado la Ley de Estabilidad Presupuestaria para establecer por norma la "obligatoriedad de austeridad" para el conjunto del sector público y para fijar techos de gasto y de endeudamiento que incluya la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión del gasto financiero del presupuesto.