ETA en Venezuela: histórico punto de fricción en las relaciones bilaterales

La presencia de etarras en Venezuela ha sido históricamente un punto de fricción en las relaciones bilaterales entre España y el país suramericano que, en repetidas ocasiones, se ha negado a extraditar a presuntos miembros de ETA reclamados por la Justicia española.

El último episodio ha sido el protagonizado por los etarras Xavier Atristain y Juan Carlos Besance, detenidos la semana pasada y que han confesado haber recibido entrenamiento en el país sudamericano a cargo del también etarra Arturo Cubillas, quien desde 2005 ocupa un cargo de director en el Instituto Nacional de Tierras venezolano. La Audiencia Nacional considera a Cubillas, miembro de la banda deportado a Venezuela en 1989 y casado con la venezolana de origen vasco Goizeder Odriozola, "responsable del colectivo" de etarras en este país.

Ya el pasado mes de marzo, el juez Eloy Velasco alertó de la presencia de etarras en Venezuela y procesó a varios miembros de ETA, entre ellos el propio Cubillas, y de la guerrilla colombiana de las FARC, a los que acusó de colaborar para atentar en España contra altos cargos de Colombia, como el ex presidente del país Álvaro Uribe. En el auto se aseguraba, además, que existían indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en esa alianza.

La decisión judicial provocó una agria polémica entre los Gobiernos de España y Venezuela que se dio por zanjada unos días más tarde con un comunicado conjunto en el que los dos países se reafirmaban en la lucha contra ETA.

Lugar de 'retiro'

Desde los años ochenta, Venezuela ha sido un lugar de 'retiro' de decenas de militantes etarras que, o bien habían sido expulsados desde terceros países como Francia o Argelia, o que huían de la presión policial en España. Fuentes de la lucha antiterroristas consultadas cifran en "varias decenas" el número de terroristas que todavía residen en el país.

El último ejemplo conocido de este 'trasvase' de etarras a Venezuela es el intento de huida del etarra Andoni Zengotitabengoa, detenido en el aeropuerto de Lisboa el pasado 11 de marzo cuando pretendía subir a un avión con destino a Caracas. Ese mismo mes también era arrestado en Venezuela Walter Wendelin, presunto responsable del aparato internacional de propaganda de la banda.

Ya en abril de 1996, el Gobierno venezolano reconoció la llegada, entre 1984 y 1990, de unos 25 miembros de ETA procedentes de Argelia, Francia y Panamá, por acuerdos entre los respectivos gobiernos y que vivían como "huéspedes vigilados", pero no como asilados. Este número fue aumentando progresivamente debido a las trabas impuestas por el gobierno de México a la presencia de miembros de ETA en su territorio, lo que incrementó la cifra de etarras en Venezuela hasta el medio centenar.

No obstante, el convenio de extradición entre los dos países en vigor desde 1990 ha permitido que, desde entonces, hayan sido entregados seis presuntos miembros de ETA, el último de ellos José Ramón Foruria Zubialdea, "Foru", el 25 de septiembre de 2003.

Controversias con las extradiciones

Las solicitudes de extradición han provocado desde entonces duras polémicas entre Madrid y Caracas, ya que la Justicia venezolana ha denegado varias entregas a lo largo de los últimos años. El incidente más importante tuvo lugar en 2006, cuando el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna anunció que el Gobierno venezolano se había comprometido con los etarras Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a "facilitar los trámites" para concederles la nacionalidad, lo que permitiría evitar su extradición. El acuerdo incluía el pago de indemnizaciones a otros dos etarras -Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza- que ya habían sido expulsados a España en 2002. No obstante y tras la dura polémica entre ambos países, el Gobierno venezolano anunció que dejaba sin efecto el compromiso con los militantes etarras.

En agosto del año pasado, Venezuela también rechazó la extradición de Iñaki Echeverría Landazabal, acusado del intento de asesinato en 1981 en Bilbao del periodista Gerardo Huezo. Su extradición fue denegada por el Tribunal Supremo de Venezuela al estimar que el delito que se imputaba a Echeverría había prescrito.