El Gobierno creará un fondo de capitalización 'austriaco' con el que se cubrirá parte del despido a partir de 2012

El Gobierno quiere crear un fondo de capitalización de los trabajadores que imite el modelo austriaco y que debería estar operativo para todos los contratos indefinidos que se firmen a partir del 1 de enero de 2012. Según el borrador del decreto con la reforma laboral que el Ejecutivo ha remitido a los agentes sociales, las aportaciones al fondo, que hará el empresario por cada trabajador, se mantendrá durante toda la vida laboral de éste.

El texto no detalla aún cuántos días de salario por año trabajado se tendrán que abonar por cada empleado. Las indemnizaciones por despido que tenga que pagar un empresario excluirán las aportaciones que sobre el trabajador en cuestión haya hecho previamente al fondo. El trabajador podrá hacer efectivo el abono de las cantidades que acumule a su favor en los supuestos de despido, de movilidad geográfica o para actividades de formación.

La parte que el trabajador no haga efectiva en el momento de producirse estos supuestos será percibida cuando se jubile. Según el futuro decreto, el Gobierno tiene un año para, previa consulta a los agentes sociales, regular la constitución de este fondo.

Este borrador entregado, además de a los agentes, a los partidos políticos, no recoge de manera formal que las empresas con pérdidas durante seis meses puedan hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización. Se trata de una propuesta de la patronal que al Gobierno le parece bien pero que deja abierta porque quiere negociar con los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.

Recorte a los contratos por obra

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha abordado el documento de reforma laboral que presentado a los agentes sociales y los partidos, fuentes de Moncloa han explicado que "habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto". No obstante, indicaban que "lo razonable" es que las pérdidas económicas que pueda objetar una empresa para despedir por causas objetivas se atribuyan a las empresas y no a los centros de trabajo, puesto que "no es lo mismo".

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, también ha avanzado que en el documento del Gobierno se incluye que los contratos por obra tengan un máximo de dos años ampliable a tres. Según ha recordado, en la última negociación con los sindicatos y la patronal, que acabó sin acuerdo, se barajó primero la posibilidad de que el máximo de los contratos de obra fuera de dos años y medio, y después se decidió discutir el límite de tres años.

El Ejecutivo ha optado por esta última posibilidad, al mismo tiempo que apuesta por aumentar la indemnización de despido de 8 a 12 días en los contratos temporales. Fuentes de Moncloa han destacado que la propuesta es que el incremento de estas indemnizaciones se posponga a 2011 y no sea efectiva este año.

Corbacho también ha explicado que el Gobierno ha optado por aplicar la "máxima extensión posible" del uso del contrato de fomento del empleo, porque dará "certeza al empresario" y "garantías al trabajador". Para el ministro, la reforma laboral que aprobará el Gobierno en cinco días se basará en dos objetivos: mejorar la flexibilidad laboral y acabar con la dualidad del mercado de trabajo.

Mirando a Alemania

El responsable de Trabajo ha rechazado la tesis de que flexibilidad sea lo mismo que precariedad, y ha asegurado que supone el paso necesario para "conseguir seguridad y mantener puestos de trabajo". En este sentido ha confirmado que se implantará el modelo alemán para reducir la jornada laboral entre el 10% y el 70%, porcentaje "suficiente para ajustar por horas la producción de una empresa".

En relación a posibles cambios en la negociación colectiva, fuentes del Ministerio han descartado que el futuro decreto ley contemple el "descuelgue" del acuerdo firmado por patronal y sindicatos en febrero pasado. Lo que sí incluirá es la creación de una comisión de Arbitraje para resolver discrepancias relacionadas con los salarios, los horarios o la organización de la empresa.

Si la dirección de una empresa y el comité de trabajadores no llegan a un acuerdo en un plazo de 15 días, sería una comisión de arbitraje, representada a partes iguales, la que decidiría en 10 días con un laudo que sería recurrible judicialmente. El Ejecutivo reconoce que este arbitraje es un "gran avance".