El Gobierno recurrirá la «ocurrencia» de Mas si es un referéndum encubierto

El Gobierno se mantiene a la espera de que Artur Mas concrete negro sobre blanco sus planes antes de resolver qué medidas se adoptarán. «Una cosa es decir y otra hacer», aseguraban ayer fuentes de Moncloa, conscientes de los «vaivenes» a los que el presidente de Cataluña les tiene acostumbrados. El Ejecutivo mantiene intacta, sin embargo, su intención de impedir tanto un referéndum ilegal como una consulta independentista encubierta. Por eso, examinará cada detalle que la Generalitat vaya aclarando para estudiar si la nueva propuesta debe ser recurrida ante los tribunales o si estamos ante una mera encuesta sin incidencia legal alguna.

La vuelta de tuerca de Mas cogió al Gobierno con el paso cambiado. Minutos antes de que el dirigente catalán confirmara su intención de sacar las urnas a la calle, Mariano Rajoy calificaba de «excelente» la noticia de la renuncia a la consulta soberanista y extendía una oferta de diálogo para profundizar en un proyecto común. «Podemos seguir siendo un gran país, pero juntos», aseguraba el presidente, quien considera que es el momento de mirar hacia el futuro.

Tras la rueda de prensa de Artur Mas, los miembros del Ejecutivo reaccionaron con prudencia. La respuesta corrió a cargo de la vicepresidenta y del ministro de Justicia. Soraya Sáenz de Santamaría acusó a la Generalitat de sacarse de la manga una «nueva ocurrencia» impropia de responsables políticos. La número dos del Gobierno quiso, además, lanzar un mensaje de advertencia y dejar claro que hay escenarios sobre los que ya se ha pronunciado el Consejo de Estado. Por ejemplo, el Título III de la Ley de Consultas, que no ha sido recurrido, regula los procesos de participación ciudadana y en él podría ampararse Mas. Este texto, sin embargo, sólo es aplicable a «encuestas, audiencias y foros». En ningún caso puede ser empleado para otros fines. De ahí que la vicepresidenta llame a la reflexión y a dejar de abrir vías contrarias a la ley.

El titular de Justicia, por su parte, avanzó a primera hora que también las preguntas que se planteen en esta consulta alternativa serán escrutadas. A su juicio, de coincidir con las que se formularon inicialmente en torno a la independencia podrían ser objeto de impugnación. Horas después, sin embargo, añadió una nueva posibilidad, la de que la Generalitat tan sólo desee llevar a cabo un simple sondeo. «Si es una encuesta lo que se va a producir, evidentemente no habrá ningún problema, sería una actividad meramente social», informó. Para que esto sea así, la convocatoria no podrá estar sostenida por ningún desarrollo normativo específico. A la espera de que Artur Mas arroje luz al respecto, Rafael Catalá exigió que se abandonen las «triquiñuelas para intentar que las cosas no se denominen como lo que en realidad son».

«Simulacro de votación»

Precisamente de sondeo sociológico hablaron ayer los populares, quienes, tras escuchar a Artur Mas, dieron por finalizado el desafío secesionista. «No hay vencedores ni vencidos; han ganado la democracia, el estado de derecho y la independencia», sentenció Alicia Sánchez-Camacho en una rueda de prensa en la sede nacional de su partido. La dirigente catalana pidió al presidente de su comunidad que deje de engañar a los ciudadanos con un «simulacro de votación», que no puede sustituir al «referéndum ilegal», y que acepte el hecho de haber tenido que renunciar a la consulta. «De donde no se vuelve nunca es del ridículo», señaló. Entiende la presidenta del PP de Cataluña que CiU está tratando de buscar una salida para no quedar en evidencia ante sus electorales, porque lo que ahora se propone no pasa de ser una «encuesta».

Este es el argumento principal del partido, que trata de rebajar el discurso de la Generalitat y, según fuentes populares, «llamar por su nombre» a lo anunciado. Un sondeo es legal, explican, y nada tiene que ver con una consulta como la que se había convocado para el 9 de noviembre. Interpretan que con cada movimiento, Mas demuestra que es un «rehén» de Esquerra y le piden que abra una nueva etapa de diálogo con el Gobierno central. «Es el momento de la reconciliación».

Con la misma mano tendida comenzó el día Mariano Rajoy. «Jamás me he negado a hablar», se defendió. Pero, eso sí, siempre dentro del marco que establecen las leyes y la Constitución española.