La Fiscalía pide hasta tres años de cárcel para un sindicalista y dos afiliados de CCOO de Navantia

El sindicato CCOO ha censurado que la Fiscalía de Cádiz pida penas de entre 23 meses y tres años de cárcel para un sindicalista y dos afiliados por los altercados ocurridos en noviembre de 2012 durante una movilización de la plantilla de Navantia en la localidad gaditana de San Fernando. CCOO tacha el asunto de "criminalización de los sindicatos".

En un comunicado, CCOO explica que los afectados han recogido este miércoles en el Juzgado de San Fernando el auto de apertura del juicio oral por cuatro delitos y una falta. CCOO de Industria rechaza la "desproporcionada" decisión judicial por los hechos ocurridos durante la manifestación que recorrió las calles la localidad gaditana para exigir carga de trabajo para Navantia.

En su opinión, la petición fiscal es "tremendamente exagerada y un ejemplo más de la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos".

Según un informe del los servicios jurídicos de CCOO, ya se han abierto 49 procedimientos a 147 representantes y dirigentes del sindicato, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal. A juicio de CCOO, se trata de "una restricción ilegítima de los derechos democráticos y de una nueva vuelta de tuerca en la cruzada que ha emprendido el Gobierno contra las organizaciones sindicales".

Entiende el sindicato que las penas que se solicitan para los reseñados son "tan desproporcionadas como la actuación de la Policía que tuvo lugar ese día". Por ello, advierte que no va a permanecer en silencio y quieto ante estos "desatinos", habiendo puesto en marcha ya una campaña de información sobre la "ofensiva penal contra el derecho de huelga y el intento de criminalización de los sindicatos que se está produciendo en España".

Apunta que también han activado una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación.