La Junta asegura que no ha abonado «ni un euro de ayudas» a las empresas investigadas en el Plan Bahía Competitiva

La Junta de Andalucía ha asegurado que no ha abonado «ni un euro de ayudas» a empresas que están siendo investigadas por acogerse a las ayudas de reindustrialización del Ministerio de Industria en relación con el programa Bahía Competitiva.

Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo han respondido de esta forma al secretario general del PP-A, José Luis Sanz, quien ha instado este lunes al Gobierno andaluz y al PSOE a aclarar cuanto antes el «monumento al fraude en el que se ha convertido el caso Bahía Competitiva», afirmando que parece una especialidad del Consejo de Gobierno tramitar ayudas a empresas en las que se encontraban familiares directos de dirigentes del PSOE o del Gobierno andaluz.

Ante esta situación, fuentes de la Consejería han asegurado a Europa Press que los expedientes que estaban siendo tramitados dentro del sistema de ayudas de la Junta de Andalucía «fueron cancelados sin llegar a abonarse un solo euro», tras lo que apunta que fue en este proceso donde los controles de la Administración andaluza detectaron esas posibles irregularidades.

Controles

«Fue la eficacia de los controles de las ayudas de la Junta de Andalucía lo que permitió detectar presuntas irregularidades, realizando una serie de actuaciones», han agregado las fuentes, quienes han citado, entre esas acciones, el hecho de que el 30 de marzo de 2011 se comunicaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, perteneciente al Banco de España, los defectos detectados en proyectos empresariales pertenecientes a un grupo del mismo empresario.

Asimismo, han agregado que el 5 de abril de 2011 «se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Sevilla, concretamente a la Sección de Delitos Económicos» y han apuntado que igualmente, fueron los representantes de la Junta de Andalucía los que alertaron a responsables del Ministerio de Industria de las presuntas irregularidades.

Las fuentes resaltaron que además, fue la Junta de Andalucía, en septiembre de 2011, quien informó en sede parlamentaria de las actuaciones realizadas, tras venir colaborando con la investigación durante todos estos meses.