Ordenan un embargo de bienes a la familia Ruiz Mateos por valor de 94 millones

El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz ha decretado el embargo preventivo de bienes de varios miembros de la familia Ruiz-Mateos, hasta un límite de 93,99 millones de euros. Así lo ha comunicado hoy Dictum Abogados, firma de la que es socio Aurelio Gurrea, integrante de la administración concursal de la bodega Zoilo Ruiz-Mateos, peticionaria del embargo.

Según ha detallado el bufete, esta medida afecta a José María Ruiz-Mateos y a sus hijos Alfonso, Javier, Álvaro, Paloma, Zoilo, José María y Pablo Ruíz-Mateos Rivero, al considerarles administradores de hecho de la empresa.

En el caso de que sus propiedades fueran insuficientes, la juez del caso ha establecido que se lleven a cabo medidas de localización e investigación de otros bienes y derechos. Dictum Abogados ha destacado que la juez estima que existen "fundadas posibilidades" de que en el concurso sean calificados como culpables y se condene a los administradores al pago de las deudas por "actos que agravan la insolvencia del deudor.

Añade que se han contabilizado operaciones "de forma irregular y se ha utilizado la aparente solvencia del grupo para captar fondos de inversores privados a los que se ha dado un destino extra-societario", según la administración concursal.

Indican, además, que el auto judicial afirma que puede haber mediado dolo o culpa grave de los administradores de hecho en la generación o agravamiento de la insolvencia.

Asimismo, en un segundo comunicado, Dictum Abogados ha señalado que la juez del caso ha decidido suspender las facultades de Back in Business en la administración de las bodegas Zoilo Ruiz Mateos.

En concreto, esta decisión afectaría a Back in Business 2011, Mundelca, Zandia Hispania y Gebersa Inversiones -sociedades controladas por el empresario Ángel de Cabo- que el pasado septiembre adquirieron cada una de ellas un 25 % de la empresa al precio de un euro, cuando ya se encontraba en concurso de acreedores.

Según la firma de abogados, la juez ha señalado que "la incertidumbre creada por la compra de las participaciones de la concursada y el proceso penal que se sigue en Madrid pueden influir negativamente en la imagen y credibilidad de la concursada y, por ende, en la viabilidad empresarial, generando incertidumbre y desconfianza en trabajadores, proveedores y clientes".