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Ayuntamiento propone cambiar la LOUA para «no castigar doble» a propietarios de viviendas irregulares

Considera que es un problema «social», ya que «más del 50 por ciento» de las casas chiclaneras son irregulares

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El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Andrés Núñez (PP), ha anunciado que elevará a la Junta de Andalucía una propuesta de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, en su opinión, «está castigando doblemente a los propietarios de las viviendas en situación irregular» en la localidad.

En un comunicado, el Consistorio chiclanero ha recordado que la LOUA contempla dos procesos administrativos independientes. El primero tiene carácter sancionador y traduce en una multa económica derivada de la construcción irregular, mientras que el segundo tiene por objetivo el derribo de dicha construcción como medio de protección de la legalidad.

En este sentido, Núñez ha explicado que «más del 50 por ciento de las viviendas en la localidad se encuentran en situación irregular, por lo que este problema no es solo urbanístico ni jurídico, sino social», subrayando que «son muchos los vecinos a los que se les han incoado ambos procesos por un mismo hecho, por lo que entendemos que esta situación es injusta, y que una de las dos resoluciones debe ser suficiente para restaurar la legalidad de dicha situación».

Por ello, lo que el Ayuntamiento propondrá a la Junta es «eliminar una de las dos sanciones toda vez que la otra se ejecute, de forma que para los vecinos que abonen la correspondiente multa, el derribo quede sin efecto y viceversa».

Asimismo, el concejal de Urbanismo ha señalado que «la LOUA contempla multas económicas muy elevadas, que superan con creces los costes reales de una construcción irregular».

Finalmente, ha resaltado que «en muchas ocasiones, el castigo que recibe el infractor es triple, puesto que a la sanción económica y al derribo, se le suma el pago de la hipoteca que firmó para la construcción de la vivienda; por lo que nos vemos en la obligación de dotar de todas las soluciones y medidas posibles para paliar la situación de las familias que padecen este problema social».