La Junta "transforma, absorbe o fusiona" 110 de las 254 empresas públicas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, anunció hoy en el Parlamento la puesta en marcha de una primera fase del plan de reordenación del sector público empresarial mediante procesos de transformación, absorción, fusión o extinción, cuyo resultado no busca la reducción de entes instrumentales como fin en sí misma, sino que ésta es consecuencia directa de la implantación de un principio de mayor eficacia y eficiencia en el conjunto del sistema, avanzando hacia su excelencia.

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, expuso que el plan de reordenación del sector público que se va a poner en marcha se articulará en torno a tres grandes líneas de actuación: la reducción del número de entidades instrumentales; la simplificación de la estructura periférica, y, la mejora del conocimiento y la gobernanza. "La premisa fundamental es que la reducción del número de entidades instrumentales no perjudique el nivel de prestación de los servicios públicos de la Junta", sentenció.

Martínez Aguayo anunció las diez primeras actuaciones del proceso de reordenación en esta primera fase. En primer lugar, la sociedad mercantil Giasa y la agencia pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía se fusionarán creándose una agencia de obra pública de Andalucía.

Esta agencia se convertirá de manera progresiva en el referente de la obra pública de Andalucía, que comportará mayor homogeneidad a la contratación de la obra pública y redundará en beneficio de la vertebración territorial, la cohesión social y movilidad sostenible en nuestra comunidad autónoma, según Martínez Aguayo.

En segundo lugar, la fusión de la sociedad mercantil Egmasa y de la Agencia Andaluza del Agua, dando lugar a la creación de una agencia pública de gestión de las políticas del medio ambiente y de las políticas del agua, de importantísima presencia territorial.

Agregó que la naturaleza jurídica de la nueva Agencia --como entidad pública-- presenta claras ventajas sobre la mercantil de Egmasa, fundamentalmente de cara a la seguridad jurídica para los terceros y en la vertiente organizativa, desde el punto de la eficiencia en el desenvolvimiento de funciones que requieren del ejercicio de potestades administrativas.

En tercer lugar, la extinción del IARA y de las Cámaras Agrarias y la transformación de la mercantil DAP SA en una agencia pública de gestión de las políticas agrarias y pesqueras. En este sector, destacó la ventaja objetiva que supone la transformación de la mercantil instrumental en una entidad de derecho público, capaz de ejercer potestades administrativas íntimamente ligadas a la gestión de las competencias agrícolas, como son las de fomento o control.

Junto a ello, se produce la extinción de dos figuras que carecen hoy día de objetivos específicos que justifiquen su subsistencia, como son el IARA y las Cámaras Agrarias, por quedar los ámbitos objetivos de una y otras perfectamente ejercidos a través de la propia estructura departamental y de la agencia que se crea, según explicó.

En cuarto lugar, la creación de una Agencia Pública de las Instituciones culturales de Andalucía que incorporará al Patronato de la Alhambra y del Generalife, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo al Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y a otras instituciones culturales andaluzas (archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, espacios culturales, teatros y otras unidades administrativas).

La quinta actuación es la fusión de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) y de la Fundación para la Atención y la incorporación social (Fadais), quedando integradas en la ya autorizada Agencia de la Dependencia.

En sexto lugar, se refirió a la creación de una Agencia pública dedicada a la gestión de las diferentes políticas de empleo, tanto en la vertiente de la formación, como en la asistencia en el desempleo y la búsqueda de empleo. La nueva agencia conformada por el actual Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se verá reforzado con la integración de la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe), y las 95 Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Técnico (Utedlt).

En séptimo lugar, en el ámbito de las políticas de salud, la actuación se centra en la creación de una Corporación de entes de gestión hospitalaria a partir de la atribución del carácter de cabecera de grupo a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol. Ello permitirá economías de escala, de manera significativa en la adquisición de suministros, de gran importancia en este sector, según expuso.

En octavo lugar, en el área de economía, innovación y Universidades la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, Citandalucia y Talentia se reagrupan en la Agencia del Conocimiento. Asimismo, Fagia (Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, S.A.) se integra en la Agencia IDEA

En noveno lugar, Turismo Andaluz (Turasa), Infraestructuras Turísticas de Andalucía (Intasa) y Deporte Andaluz SA, se fusionarán mediante la concentración societaria en una sociedad mercantil de Turismo y Deporte andaluz.

Se realizará una típica fusión mercantil, según señaló, que busca ahorrar costes de gestión a través de compartir estructuras horizontales, permitiendo focalizar el gasto público, de manera más intensa, en el desarrollo de las políticas de promoción turística y deportiva en Andalucía.

En décimo y último lugar, el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Sevilla SA, el CTM de Málaga SA, el Parque Logístico de Córdoba SA y la Zona de Actividades Logísticas Bahía de Algeciras SA se agruparán en un nuevo ente que tendrá por objeto la gestión de la Red Logística de Andalucía, ente al que se irán incorporando sucesivamente las áreas logísticas que se vayan desarrollando en la Comunidad Autónoma.

Según Martínez Aguayo, esta unificación va a contribuir a una mayor eficacia en la gestión, que redundará en una mejor coordinación, algo fundamental para el aumento de la competitividad de este sector y significará también la disminución de los gastos corrientes. Por lo tanto, menos coste y más eficacia.

Explicó que en esta primera fase se va a actuar sobre el 43,3 por ciento de las 254 empresas o entidades públicas de la Junta, lo que supondrá la eliminación de 110 entes y la modificación de la personalidad jurídica de 14 por transformaciones derivadas de su reordenación. Para la consejera, Andalucía no tiene un sector público desproporcionado si se compara con otras comunidades, apuntando además que el nivel de endeudamiento resiste cualquier comparación. Dijo que no se va a emprender el camino de "echar gente a la calle" que persigue el PP. "DE AHORRO, NI UN EURO"

Por su parte, la portavoz del PP-A, Esperanza Oña, reprochó a la consejera que pese a su "perorata, de ahorro, ni un euro", cuando moralmente les corresponden porque la Junta es responsable de la crisis y ha protagonizado un "recorte" de políticas sociales.

Agregó que las empresas públicas suponen 5.000 millones de euros al año y, sin embargo, el Ejecutivo prevé un ahorro de tan sólo el 33 millones, un 0,6 por ciento. Oña planteó también a la consejera si "van a arremeter contra las empresas públicas poniendo en marcha la reciente reforma reforma", Dijo que la austeridad de la Junta "no existe", sino que "brilla por su ausencia" y calificó de "bochornoso" exigir un sacrificio a la población "que ustedes no están dispuestos a hacer".

El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero auguró que con las actuaciones de la Junta se verá afectado al personal eventual del sector público y aseguró que la capacidad de generación de puestos de trabajo desde el ámbito público es evidente "que se va a ver afectada".