El Gobierno autoriza la ilegalización de ANV y PCTV por su vinculación con Batasuna

Todo parece indicar que a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) les queda poco tiempo de vida. Tal y como anunció ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández-Bermejo, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Abogacía del Estado a iniciar los trámites ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para la ilegalización de ambas formaciones por su presunta vinculación con ETA y con la ilegalizada Batasuna.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Veg ha confirmado la información adelantada por el titular de Justicia y ha garantizado que "de ninguna manera" va a "quedar hueco" para que ANV y PCTV puedan concurrir a las elecciones del próximo 9 de marzo, ya que, según ha señalado, se han situado fuera de la legalidad y "hemos aplicado la ley".

Ante las preguntas de los periodistas, De la Vega ha negado que se hayan manipulado los tiempos del proceso de ilegalización para hacerlos coincidir con la campaña y ha señalado que "el acuerdo del Gobierno ha sido adoptado una vez que se ha probado de forma clara y contundente la vinculación de ANV y el PCTV con Batasuna". Ha señalado, asímismo, que se ha hecho hecho "en tiempo y forma, con las pruebas en la mano". "Es ahora cuando se tienen no solo los indicios, sino las pruebas contundentes para su ilegalización", ha aseverado.

Nada más conocerse la noticia, el grupo del EHAK-PCTV ha presentado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley con carácter de urgencia para que la Cámara inste al Gobierno a no presentar la demanda de ilegalización y han acusado al Ejecutivo de "saltarse una vez más las reglas de juego democráticas". Por su parte, el cabeza de lista al Congreso de ANV por Álava, Aitor Bezares, ha garantizado que "la opción independentista estará en todas las urnas de País Vasco y Navarra".

"Es ahora cuando hay pruebas contundentes"

Tras manifestar que "las pruebas están encima de la mesa", De la Vega ha explicado que "ha sido hoy, no antes" cuando se ha dispuesto de "pruebas contundentes" gracias a los informes de la Policía y la Guardia Civil.

Así, ha recordado, las Fuerzas de Seguridad trabajan a las órdenes del juez en un sumario declarado secreto y el Gobierno "no accede a las investigaciones secretas", sino que ha tenido conocimiento de los informes cuando se ha levantado el secreto del sumario y, al momento siguiente, ha actuado. Por ello ha defendido la actuación de un Gobierno que "respeta siempre la ley" y que no actúa nunca "por razones de oportunidad, sino por razones de legalidad".

Para actuar hay que acreditar pruebas "fehacientes, contundentes y claras", ha indicado la vicepresidenta, quien ha considerado que se trata de "algo muy fácil de entender" si no se intenta utilizar el terrorismo, problema que, a su juicio, se ha tenido desde el primer día de la legislatura con el principal partido de la oposición.

Impugnación de las candidaturas

El acuerdo del Gobierno autoriza a la Abogacía del Estado a ejercer las acciones precisas para instar la ilegalización de ambas formaciones por la Ley de Partidos, ya sea por el procedimiento ordinario o en ejecución de la sentencia que decretó la disolución de Batasuna. También se ha autorizado al servicio jurídico del Estado que impugne y elimine las candidaturas o agrupaciones de electores que se pudieran presentar vinculadas a cualquiera de las dos partidos

Entre la presentación de la demanda de ilegalización de Batasuna -el 3 de septiembre de 2002- y la sentencia que ordenó su disolución -el 17 de marzo de 2003- transcurrieron seis meses y medio. Si la Fiscalía o la Abogacía decidieran instar la ilegalización en ejecución de la sentencia que decretó la disolución de Batasuna al considerar que los partidos son sucesores de esta formación, los plazos son mucho más breves y la sentencia podría dictarse en menos de un mes.

En cuanto a las posibles vías alternativas para comparerecer a las elecciones, De la Vega ha asegurado que si se "resucitara un partido dormido" vinculado a estas formaciones, el servicio jurídico también está autorizado para emprender las acciones para su ilegalización e impugnación de sus candidaturas.