La expresidenta de Invercaria se querella contra el directivo que la grabó y niega irregularidades

El caso Invercaria ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral. Se trata de la denuncia de presuntas irregularidades contra la presidenta de esta entidad de la Junta de Andalucía, Laura Gómiz, basada en grabaciones en las que presuntamente ordena al exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre créditos a empresas ya concedidos. Tanto el Gobierno andaluz como Gómiz aseguran que las cintas, realizadas el pasado año, están manipuladas. La exdirectiva de la sociedad de capital riesgo de la Junta anuncia una querella contra Cantos, mientras la Junta planea otra contra el PP. El candidato de este partido, Javier Arenas, exige a Griñán, candidato socialista, que dé una explicación convicente del asunto. El PP llevará la denuncia al Tribunal de Cuentas del Estado.

El caso, denunciado primero por Cantos a un tribunal de lo social como prueba de su despido improcedente de Invercaria, pasó ayer a uno de lo penal con otra denuncia del propio exdirectivo, en concreto el número 16 de Instrucción de Sevilla. Cantos llevó las cintas al juzgado de la magistrada Mercedes Alaya, que instruye los ERE fraudulentos, pero esta declinó la denuncia y entró en el reparto de los juzgados.

Laura Gómiz ha presentado una querella criminal contra Cantos para defender su honorabilidad y gestión profesional, según anunció ayer en un comunicado. En el mismo asegura que las cintas con las grabaciones de supuestas conversaciones de Cantos con ella están «manipuladas y sacadas de contexto».

Gómiz pone como ejemplo la frase que más críticas ha recibido, cuando habla de la «falta de ética». Según Gómiz, fue Cantos el que pronunció la frase y ella se limitó a reiterarla considerando que era reprobable. «Entiendo ya tarde su deliberado propósito de que yo la repitiera para recogerla aisladamente y hacerla pasar como mía».

La expresidenta de Invercaria explica que dimitió en febrero cuando supo que las grabaciones iban a trascender del ámbito del conflicto laboral y hacerse públicas para no perjudicar a la entidad y defenderse de las acusaciones de Cantos. Según Laura Gómiz, este pide una indemnización de 300.000 euros por despido improcedente.

Numerosos cortes

«Existen numerosos cortes, especialmente en mis frases e intervenciones en la conversación, cercenando de esta manera su significado global con el deliberado propósito de ofrecer un versión tergiversada que legitime la reclamación económica de Cantos», dice en el comunicado.

El Gobierno andaluz mostró ayer un estudio de una empresa experta en sonido que detecta hasta 13 manipulaciones de las cintas. Este estudio, que se remitió al juzgado de lo social, será enviado al que instruirá la causa por la vía de lo penal.

Gómiz explica el contexto de las conversaciones con Cantos. Según ella, discutían sobre «la incorporación de expedientes archivados a un nuevo programa informático de gestión, el Programa Trewa». Al mismo se debían incorporar las ayudas a empresas ya concedidas. «La falta de procedimiento -dice sobre Cantos- hacía referencia exclusivamente a la ausencia de parámetros previos para ese proceso de archivo».

El Partido Popular cree que sí hay irregularidades en el procedimiento y que se concedían ayudas de forma arbitraria, por lo que pedirán al Tribunal de Cuentas del Estado que investiguen a Invercaria. El PP basa su denuncia en el informe de la Cámara de Cuentas realizado sobre la gestión de Invercaria en 2009, que anota varias irregularidades.

Guerra sucia

Fuentes del PSOE atribuyen este informe a una técnica del Tribunal de Cuentas que el pasado diciembre fue propuesta por el PP como consejera del organismo, Amelia Martínez Sánchez.

El presidente del PP-A y candidato de este partido, Javier Arenas, pidió una explicación clara a Griñán sobre Invercaria. «Este asunto tiene mucho que ver con la ausencia de controles y con la huida del derecho administrativo», dijo en Granada.

La portavoz del Gobierno, Mar Moreno, acusó de «guerra sucia electoral» al PP por enarbolar grabaciones «manipuladas» que evidencian «nerviosismo» y falta de confianza en su proyecto político».

Moreno apeló al sentido común y se preguntó por qué grabaciones que se realizaron hace más de un año, «ahora, a 20 días de unas elecciones autonómicas, se acuerdan de hacerlas públicas y el PP-A de enarbolarlas».