La Fiscalía Anticorrupción pide a la jueza de los ERE que imponga una fianza a los imputados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo) pagados con dinero de la Junta que imponga una fianza por lo recibido indebidamente y los embargos necesarios a todas las personas imputadas hasta ahora, incluidos intrusos y conseguidores, y a las que en un futuro lo sean. La Fiscalía, en un escrito dirigido a Mercedes Alaya, titular del número 6 de Instrucción de Sevilla, insta a tomar dicha medida ya que han obtenido «un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas».

Entre una veintena de imputados se encuentran excargos de la Junta de Andalucía, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el exsindicalista Juan Lanzas. La Junta detectó en una investigación interna hasta 72 intrusos y 111 irregularidades en los ERE vivos desde 2001, entre ellos varios militantes socialistas. La magistrada empezó a tomar declaración a los imputados el pasado mes de junio, pero todavía no han declarado los antes mencionados.

Trama organizada

En el escrito, según Efe, Anticorrupción considera que se ha demostrado la existencia de una «trama organizada» en una investigación «aún embrionaria» pero que causó un «perjuicio grave y manifiesto» a los fondos públicos.

La Fiscalía recuerda que además de investigar a intrusos y conseguidores de prejubilaciones falsas, la jueza también indaga sobre las ayudas a empresas en crisis que «han terminado en manos de personas próximas a los máximos ejecutores y conseguidores del sistema implantado para alcanzar dichos fines delictivos».

Estafa procesal

En este sentido, la Fiscalía alude a «la existencia de ayudas directas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades» que «no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control de una subvención dada con fondos públicos». Por ello, según adelanta Anticorrupción, «será necesario averiguar, caso por caso, las razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público de la ayuda, y por ende el destino final del dinero entregado».

La Fiscalía entiende que deberán responder del perjuicio los funcionarios públicos que han permitido las irregularidades y los administradores de las entidades perceptoras. Por ello, pide que la juez pregunte a la Junta si ha iniciado un procedimiento para que le integren los cobros indebidos y que le informe de la documentación entregada a los perceptores de las ayudas, con el objetivo de investigar «otros ilícitos penales» como «estafa, en caso de obtener financiación bancaria a sabiendas de la falsedad de la documentación aportada, estafa procesal y otros».

La Consejería de Empleo de la Junta calculó en su investigación un fraude de cinco millones de euros en los ERE de los más de 700 consignados durante una década para ayudas sociolaborales en la partida 31L de los Presupuestos, el conocido por 'fondo de reptiles' según la expresión utilizada ante la policía por el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. Empleo siempre ha defendido la legalidad de las ayudas a empresas, ayuntamientos y fundaciones con cargo a dicha partida.