Alierta, absuelto por prescripción de delito en el 'caso Tabacalera'

El presidente de Telefónica, César Alierta, y su sobrino Luis Plácer fueron absueltos ayer por la Audiencia Provincial de Madrid al haber prescrito el delito del que estaban acusados. Ambos habían utilizado, supuestamente, información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera en el año 1997, empresa que presidía Alierta en aquel momento. Los magistrados de la audiencia consideran que existen hechos probados sobre las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y que Alierta utilizó su cargo para obtener una ventaja patrimonial considerable. Por lo tanto, se constata un delito de información privilegiada, pero como el juez instructor se retrasó en admitir a trámite la denuncia el delito ha prescrito.

La sentencia, que no es firme, y por lo tanto admite recurso durante los próximos días, determina precisamente que cuando fueron imputados el delito ya había prescrito. Fue la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca (AUGE) la que interpuso la denuncia en el año 2002. Entonces no fue admitida a trámite hasta junio de 2003, fecha en la que habían pasado los cinco años con los que se había extinguido la presunta falta.

Grandes beneficios

El fiscal del caso, Alejandro Luzón, pedía 4 años y medio de prisión a cada uno de los acusados. Consideraba que ambos habían utilizado una información que les permitió alcanzar unos beneficios de 1,86 millones de euros y enriquecer notablemente su patrimonio. La sentencia dispone que la actuación de los acusados no constituyó daños graves a los intereses generales que pudiesen afectar a la sociedad o al mercado, pese a que el fiscal sostenía lo contrario. Éste argumentó en su día que el hecho de que el abuso de la información privilegiada tuviera lugar en una de las compañías más importantes del país, y que fuera precisamente su presidente el autor, suponía una «trascendental quiebra de la confianza de los ciudadanos».

La defensa de Alierta, que solicitó la prescripción del delito en la fase de cuestiones previas, demandó durante el juicio «una sentencia absolutoria». Alegó que no existió información privilegiada porque «los inversores estuvieron en igualdad de condiciones» al conocer los hechos el mismo día de su anuncio público.