El caso de David y Sara, la pareja de jóvenes discapacitados que tuvo una hija que le fue retirada por la Junta, ha demostrado que existe una profunda sensibilización en ese colectivo de la sociedad, a tenor de los movimientos que han nacido en todo el país contrarios a la actuación de Bienestar Social. Este departamento decidió suspender cautelarmente la patria potestad de los progenitores a raíz de los informes elaborados por los Servicios Sociales de San Fernando, en donde se indicaba que la menor corría el riesgo de caer en desamparo ante la falta de recursos de los padres y las limitaciones que presentan por su discapacidad intelectual.

Uno de los colectivos más activos es el Foro de Vida Independiente que no da el caso por perdido. Uno de sus integrantes, Enric Rubio, hizo llegar ayer a LA VOZ el escrito que acababan de enviar al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que interceda en el expediente que tiene abierto Bienestar Social y que aún no se ha resuelto. En dicho escrito se puede leer: «Escribo esta queja por el incuestionable atropello que se está cometiendo con esta pareja y su recién nacida. A las pocas horas de nacimiento y mientras se adaptaba a la lactancia materna, le fue arrebatada de sus brazos con procedimientos engañosos».

El Foro de Vida Independiente vuelve a recordar que existe un acuerdo de la ONU suscrito por España, donde se defienden los derechos de las personas discapacitadas. Y consideran que la actuación de la Junta vulnera esa Convención Internacional.

El mismo escrito que recibirá Chamizo se lo han hecho llegar a los parlamentarios elegidos por la circunscripción de Cádiz para implicarlos y conseguir que lleven al Parlamento ese asunto.

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